En 2010, la Junta Departamental de Padres de Familia registró en La Paz 368 denuncias de violación sexual a niños, niñas y adolescentes. Por ello, propone un proyecto de ley de modificación al Código Penal para que la sanción para el agresor sea más dura.
El vocero de esa institución, José Antonio Pereira, aseguró que sólo en este departamento se registró esa cantidad de agresiones sexuales. “El 85 por ciento se dio en el área urbana y el resto en las zonas rurales”.
Afirmó que los maestros son los más denunciados y el grupo etario más vulnerable son los niños y adolescentes de 12 a 18 años. “A veces los padres nos convertimos en encubridores de esos hechos porque los maestros generan temor, amenazando con aplazar de curso a los hijos”.
Hasta antes de 2010, la sanción en el país era de 15 a 20 años de prisión para estos agresores, pero el 8 de noviembre de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 54 que endurece el castigo al abuso sexual de menores de 14 años de edad, con 20 a 25 años de cárcel, sin derecho a indulto (perdón de la condena por el Jefe de Estado).
SANCIONES. Para los padres de familia, la ley vigente “no es muy severa”, por eso proponen que la sanción para los violadores de menores entre 11 y 12 años sea, además de la privación de libertad, la castración química o quirúrgica. En caso de que los afectados sean menores de 10 años o niños con alguna discapacidad, los agresores serán condenados a cadena perpetua.
La castración química consiste en la administración de químicos para disminuir los niveles de testosterona y reducir la agresividad y el deseo sexual. Mientras que la quirúrgica se trata de una operación de alto riesgo por la que se extraen los testículos del varón.
Pereira sostuvo que la castración será una opción para disminuir la pena. “Puede decir al juez: ‘Quiero estar 10 años en la cárcel y accedo a una castración’”.
En 2009, el entonces diputado y actual concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Guillermo Mendoza impulsó la elaboración de un proyecto de ley con las mismas sanciones que piden ahora los padres de familia.
Por su parte, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación recibió durante el primer cuatrimestre de este año siete denuncias de esa naturaleza.
Hace tres semanas, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró que esa cartera de Estado prepara una norma para ayudar a los padres a concluir los procesos judiciales, porque muchos de ellos, por la falta de dinero, los abandonan.
Esa información se brindó durante la posesión del Tribunal Ético Nacional, que monitoreará las agresiones físicas y sexuales.
Ley contra feminicidio
La secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Katya Uriona, señaló que en el nuevo Código Penal debe estar incorporado el delito de feminicidio, es decir, la tipificación del asesinato de una mujer por su condición de tal.
El tiempo de condena aún no está definido. La Coordinadora de la Mujer acordó ayer remitir al Gobierno nacional 13 recomendaciones para frenar la agresión a las mujeres.
23 quejas investigadas
Un seguimiento realizado en 2008 por la Coordinadora de la Mujer confirmó que 23 de cada 100 denuncias de agresión sexual fueron investigadas por el Ministerio Público.
Según la coordinadora, uno de los casos con mayores fallas procesales de justicia ocurrió en Oruro, en 2008. Dos adolescentes, tras ser abusadas, fueron amenazadas por el agresor, a quien no se le tomó su testimonio.
Feminicidio en Bolivia
Durante 2010 se registraron 149 asesinatos de mujeres; de esa cifra, 89 fueron feminicidios.
De enero a marzo de este año, hubo 22 feminicidios, según organizaciones feministas.
En Cochabamba, el año pasado se registraron 4.000 denuncias de violencia contra la mujer.
Investigación de la Coordinadora de la Mujer
NUEVE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER se registran cada día en Tarija, Chuquisaca, Oruro, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
DE 3.364 CASOS DENUNCIADOS, SÓLO EL 23 POR CIENTO, e s decir 935, terminó con sentencia, por el delito de abuso sexual contra la mujer. En el resto de los casos, 2.429, las mujeres desistieron de seguir con el proceso debido a la retardación de justicia.
LA BUROCRACIA Y LA VICTIMIZACIÓN son los motivos por los que las mujeres desisten de denunciar o seguir con el proceso por abuso sexual.
EL TRIBUNAL ÉTICO NACIONAL servirá para monitorear los casos de abuso sexual que se cometen contra las mujeres. De esa forma, supervisará que no haya lentitud en el avance de los procesos y las denuncias. Si ello existe, podrá interpelar a las autoridades.
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