Es común que en estas fechas sus hijos les inviten a participar de los festejos y homenajes en los colegios.
“Es difícil decirles que no, en especial, a los niños que no viven con nosotras, sino con algún familiar y no entienden lo que estamos pasando”, cuenta con la voz entrecortada una de las internas de la cárcel de San Sebastián al teléfono.
Otra de las mujeres, también privada de libertad, sólo atina a recordar que lo más lindo es verlos bailar, compartir con ellos y recibir sus regalos en el acto cívico que preparan.
“Hemos cometido un error y ahora estamos pagando, pero siempre fue pensando en ellos, porque tengan un futuro mejor, ahora recién nos arrepentimos”, dice.
En la cárcel de San Sebastián están recluidas unas 220 mujeres, de las cuales 210 son madres. La mayoría cometió delitos relacionados con el narcotráfico, pero también hay un número considerable de mujeres que fueron acusadas de robo y estafa, entre otros. Dos centenares de niños y niñas comparten las celdas con sus madres. Este es el caso de ocho bebés que nacieron en la cárcel recientemente. Durante el día son llevados al centro infantil y al kinder y a las 17.00 regresan al encierro.
La Ley de Ejecución Penal establece que los niños menores de 6 años pueden permanecer con su madre o padre en los establecimientos penitenciarios.
“Hay casos excepcionales donde las madres pueden tener a sus hijos hasta los 15 años, porque no tienen a nadie que les ayude con ellos o tienen una sentencia larga, después no permiten que se queden”, relata otra de las internas.
Pero, no son las mejores condiciones en las que se encuentran. Cerca de 500 personas, entre niños y mujeres, viven hacinados en un espacio no mayor a los 700 metros cuadrados.
Un sector conocido como Barrio Lindo, actualmente es ocupado por 38 mujeres con sus hijos. Duermen en el piso, no tienen colchones sólo frazadas para cubrirse del frío.
Seis madres se encuentran con enfermedades crónicas, en estado terminal. Algunas están solas y otras tienen a sus hijos que sufren con ellas.
“En estos momentos conoces a las personas, hay quienes te dan la espalda, pero a pesar de eso tratamos de llevar una convivencia pacífica”, acotó.
EL SACRIFICIO Hay madres que desde la cárcel deben apoyar a sus hijos económicamente.
“A los más grandecitos les ponemos un cuarto en alquiler y pagamos. Acá (en la cárcel) les damos comida y estamos juntos pero en la noche se deben ir, están a su suerte”, señala.
Todos los días, estas mujeres deben darse modos para subsistir pero siguen teniendo más obstáculos.
Algunas se dedican a las artesanías, otras al lavado y planchado de ropa, elaboración de pan, costura, etc.
Las cuatro mujeres entrevistadas por este medio coinciden en señalar que necesitan un espacio donde comercializar sus productos para poder generar recursos económicos.
“Cuando vienen visitas tratamos de vender, pero necesitamos una tienda”, expresa la delegada.
Otra de sus compañeras recuerda que también hace falta material para trabajar con el fin de obtener más ingresos y mejorar la calidad de vida de sus hijos.
Hablar con periodistas sin autorización es nuevo delito
Las mujeres privadas de libertad no pueden hablar con los medios de comunicación sin una autorización expresa de Régimen Penitenciario.
Esta disposición está enmarcada en la Ley de Ejecución de Penas, aunque no se establecen los mecanismos para hacer expresa la solicitud. Según la responsable regional, Sissy Gutiérrez, por instrucción del director general de Régimen, se debe enviar una carta dirigida a su persona con los siguientes aspectos: el tema que se quiere tratar, con quién se quiere hablar y el cuestionario que se les va a hacer a las privadas de libertad. El argumento para este trámite burocrático es que los medios están “mal acostumbrados” y esto debe cambiar.
Pero esto va más allá, la gobernadora del penal, capitán Melvi Quispe, coincide con el asesor legal y la psicóloga de Régimen Penitenciario en que las privadas de libertad que tengan una comunicación con los medios, sin la debida autorización, “están cometiendo un delito y viceversa”.
La intención de OPINIÓN sólo era reflejar la vida de las madres en la cárcel, pero el rechazo fue contundente, mientras no se envíe la carta y la directora de Régimen la analice, tiempo que sería de entre 24 y 48 horas o en algún caso de inmediato, dependiendo del trabajo que tenga la funcionaria, según explicaron. El artículo 9 de la Ley de Ejecución de Penas establece claramente que la persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se halla excluido de la sociedad. Puede ejercer todos los derechos no afectados por la condena de privación de libertad y debe cumplir con todos los deberes que su situación legalmente le imponga. Es por eso que las reclusas, al enterarse de lo sucedido, rechazaron cualquier prohibición y expusieron su situación de madres para que la población sepa que hoy no pueden festejar como quisieran.
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