A casi un año de promulgada la Ley contra el Acoso y Violencia Política ningún caso se ha resuelto por este intermedio. Pese a que los índices de denuncias con esta tipificación han crecido, hasta ahora no se logró una reglamentación que implemente efectivamente esta medida legal que fue presentada como revolucionaria a favor de las mujeres electas como autoridades.
De acuerdo a la evaluación de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), la norma en el fondo es “trascendental e innovadora” a favor de los derechos de las mujeres autoridades, pero carece de lo fundamental, que no arranca por una serie de factores.
Jessy López Gonzales, directora ejecutiva de Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), en entrevista con OPINIÓN explicó los alcances de la ley, el calvario de las víctimas, los factores que inciden para su inaplicabilidad y planteamientos que deben ser tomados en cuenta para que esta ley cumpla sus objetivos.
La medida legal tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
La directora ejecutiva dijo que “la Ley contra el Acoso y Violencia Política está a media marcha; es prácticamente un saludo a la bandera porque la reglamentación no se elaboró. Tenemos una ley que está entre que se aplica y no se aplica, mientras los casos de denuncias han crecido y no hay una instancia especializada para atender estos casos”, dijo.
Asimismo admitió que las instituciones estatales encargadas de difundir esta ley no se han preocupado y mucha gente no la conoce, “porque se cometió el error de no haberla difundido”.
Dijo que esta ley no sólo tienen que conocerla y entenderla las autoridades mujeres electas, sino todas las autoridades varones para que asuman conciencia de que pueden ser demandados con esta medida legal y para que respeten el espacio legítimo y democrático de las mujeres en una entidad pública.
VIOLENCIA La senadora potosina del MAS, Ana Vilacama Pozo, proveniente de las bases campesinas confesó que pese a la ley persiste el acoso y violencia política contra las mujeres autoridades.
“Los hombres llevan en la sangre el acoso y violencia contra las mujeres porque no aceptan que una mujer esté encima de ellos. Para hacernos respetar las mujeres debemos prepararnos y demostrar capacidad, para no ser maltratadas por los hombres que se creen superiores”, afirmó la asambleísta.
Destacó que en esta gestión de Gobierno ha dado una amplia apertura a las mujeres en espacios de poder, “que en cierta manera les afectó a los varones en sus intereses”.
“El gran avance de las mujeres en cargos públicos en las áreas rurales ha provocado la molestia de los hombres que se ven desplazados”, reiteró la asambleísta.
Agregó que: “Los hombres son machistas que creen que sólo ellos pueden hacer política y ser autoridades, y para descalificar a una mujer apelan a la amenaza, agresión, calumnia, desprecio, pero esto debe terminar y es importante que la Ley contra el Acoso y Violencia Política se implemente en su plenitud”.
Tuvieron que pasar diez años desde que el anteproyecto original fuera presentado al entonces Congreso de la República, mientras decenas de mujeres tuvieron que sufrir los rigores del acoso y la violencia política para que sea promulgada.
Esta norma fue retomada tras la conmoción que causó el asesinato de la concejala Juana Quispe Apaza, de Ancoraimes, provincia Omasuyos de La Paz (12 de marzo de 2012), quien desde el momento de su elección sufrió el abuso de sus colegas varones y otros miembros de su comunidad, hasta llegar al extremo de su eliminación física días después de que un fallo judicial ordenara restituirle del puesto que ganó en las urnas.
Según el análisis de la directora ejecutiva de Acobol, pese a todas las consideraciones, la ley es un hito en el proceso que el Gobierno llama descolonización. Al margen de las críticas ideológicas y teóricas aún se espera que contribuya a una transformación en la práctica cotidiana de la política.
“Ahora las mujeres ya tienen plena conciencia de que su participación en la cosa pública no sólo es deseable, sino imprescindible, pero ciertamente la ley debe ser complementada con una reglamentación específica y cuanto antes”, afirmó López de Acobol.
Apuntes.
Gobierno
La reglamentación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia subsanará la inaplicabilidad de la Ley contra el Acoso Político, que está vigente desde mayo pasado, aseguró hace unos días la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón.
Ayllón reconoció que la norma contra el acoso y violencia política a las mujeres no se implementó por falta de un “soporte técnico”, que será salvado con la ley integral contra la violencia, recientemente promulgada, la que también fue acelerada luego del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, según reporta el diario Página Siete.
Acoso político
Es definido como acto(s) de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupo (o a través de terceros) contra mujeres (o sus familias) candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública con el propósito de limitar, acortar, impedir las funciones de su cargo, obligarla a hacer algo contra su voluntad o incurrir en una omisión.
Las agresiones aumentan
Entre 2000 y 2009, Acobol documentó 249 testimonios y denuncias de violencia y acoso político, un promedio de 28 casos por año. Desde la promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política, en 10 meses se registra un promedio de cinco casos al mes y en total al menos 50 casos.
Acobol ha evidenciado también que existe subregistro de casos de violencia política por temor a represalias o por la desconfianza a que estas situaciones puedan solucionarse.
El informe de Acobol señala en su análisis que los principales actos de violencia contra las mujeres son varios: presión para que renuncien a su cargo de concejalas, a la política y a sus organizaciones políticas en un 26 por ciento .
Además los varones cometen actos de violencia sexual, física y psicológica y exceso de autoridad en un 21 por ciento .
Asimismo otra forma de violencia es la alternabilidad ilegal de la concejalía en un 21 por ciento ; además el congelamiento ilegal del salario de las concejalas y el resarcimiento de gastos de amparo en un 9 por ciento .
Acobol convertida en una comisaría
La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) se ha convertido, en el último año, en una instancia semejante a una comisaría donde llegan todas las denuncias de acoso y violencia política de las concejalas.
Según la directora ejecutiva de Acobol, Jessy López, poco puede hacer porque no es una entidad pública coercitiva, judicial ni de apoyo integral.
Agregó que casi el 100 por ciento de las víctimas de acoso y violencia política recurre a esa institución para que sean apoyadas y asesoradas sobre las denuncias de este delito.
“Incluso muchas concejalas se han acercado al Ministerio de Justicia, desde donde las envían a Acobol, pero igual poco se puede hacer cuando no se tiene los instrumentos integrales para sentar la denuncia”, reveló López.
La ley no dice que Acobol es la entidad pública que atiende los casos de denuncias de acoso político.
RESPALDO Esta entidad ofrece apoyo a las víctimas de acoso y violencia política por iniciativa y recursos propios. Les proporciona una boleta de denuncia para que la víctima ventile su caso y, si quiere, se hace público por algunos medios de prensa.
Además elabora una serie de notas escritas que se hace llegar al presidente del Concejo del Municipio al que pertenece la denunciante para hacerles conocer sobre los alcances de la ley y las acciones que pueden iniciar para hacer respetar el derecho de las mujeres.
“En muchos casos hemos tenido resultados y se ha conseguido el respeto de las concejalas, pero no siempre sucede eso porque en otros casos, las mujeres conviven con ese ambiente de acoso”, lamentó.
La Acobol está logrando un convenio con una red de abogados denominada CDC, que es una ONG para patrocinar los casos de denuncias y estos sean esclarecidos.
Según López, la entidad que preside se encarga de enviar cartas a los concejos sobre las denuncias de violencia política y sistematiza los datos para las estadísticas.
Sin embargo, aclaró que Acobol no puede frenar el proceso que va por la vía penal o civil.
“Acobol carece de recursos para apoyar a las víctimas, por lo que en muchos casos se convierte en una comisaría”, agregó la directora ejecutiva.
López lamentó que en el último tiempo se haya incrementado el número de casos de violencia y acoso contra las mujeres, quienes esperaban que con la nueva norma frenar este tipo de hechos.
Sin embargo, indicó que tiene esperanza en que el Gobierno y la Asamblea concreten el reglamento para frenar el abuso.
Una alcaldesa inicia proceso penal pero fracasa
La exalcaldesa de Ixiamas, Wilma Tintaya, inició en 2012 el primer proceso penal por agresiones verbales y físicas contra un concejal de su municipio, en el marco de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
En una primera instancia, Tintaya logró apoyo del Tribunal Electoral, pero luego la mujer fue acusada de una serie de acciones ilegales, y al final fue destituida.
Según Acobol, este caso no prosperó y se perfiló en una disputa política, tras las denuncias de acoso y violencia política denunciados por Tintaya.
“Actualmente el municipio está dividido y tiene dos alcaldes. Es un municipio inviable, es decir la denuncia de la alcaldesa se disfrazó de lucha política y, por tanto, la ley sigue siendo infructuosa”, manifestó Jessy López de Acobol.
Fue el primer hecho que se dio en el país que no sólo fue de acoso, sino que se llegó a la agresión física.
La denuncia ante el Ministerio Público se enmarcó en el artículo 7 de la Ley contra el Acoso, que indica que “se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas (...) cometidas por una persona (...) en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública”.
Además, se sustenta en el nuevo delito penal “violencia política contra mujeres”, introducido en el Código Penal (Artículo 148). “El artículo 148 del Código Penal dice que quien realice actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres en ejercicio de la función político-pública será sancionado con una pena privativa de tres a ocho años”.
El denunciado en cuestión es un concejal del partido Unidad Nacional, quien habría insultado y golpeado a la alcaldesa Tintaya.
Según la denuncia sentada en Acobol, en diciembre del año pasado, la alcaldesa interina de Ixiamas Wilma Tintaya (MAS) fue secuestrada por una parte de la población, promovido por sus adversarios políticos, quienes la acusaron de malversar fondos públicos del municipio.
En síntesis, la primera denuncia por la Ley contra el Acoso y Violencia Política aún no se aplicó con rigor y un ejemplo es el caso de la alcaldesa de Ixiamas.
