“Ignacio Mendoza se ha abalanzado sobre mí con puñetes y rodillazos en mi cabeza y cuerpo, intentó sacarme mi ropa interior a la fuerza, al extremo de romperlo todo, me gritaba que me mataría, le dijo a la Eugenia Romero que me pegue y ella me agarró de los cabellos lanzándome al suelo,…el alcalde Severino Vargas les dijo que me sigan golpeando y dijo: ‘De una vez violaremos a estas mujeres putas, perras, desgraciadas’”.
Ese es un fragmento del testimonio de la concejala Villca Nina que, según su relato, cerca de la medianoche del pasado 5 de mayo, fue víctima de acoso y violencia física y psicológica de parte de las máximas autoridades del Gobierno y Legislativo Municipal y de una funcionaria edil.
“El acoso, la golpiza y el amedrentamiento duró cerca de tres horas, hasta las 3 de la mañana", relató a ANF Feliciana Choque, hija de la víctima, "hasta que fueron tiradas en un río y, desde allí, caminaron hasta ocultarse en una casa abandonada”.
Por su parte, Toribia Lero, vicecoordinadora de la Coordinadora Andina de Naciones Indígenas (CAOI), informó que “la denuncia fue presentada el 8 de mayo ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) de Quillacollo, pero a la fecha la fiscalía no ha abierto la causa”.
La denuncia está respaldada por el testimonio de la concejala Elizabeth Ureña, que también recibió los golpes de Mendoza y fue amedrentada con las amenazas de violación que lanzaba el Alcalde mientras azuzaba a los golpeadores.
El hecho no se conoció hasta ahora debido a que, luego de presentar la denuncia, la víctima fue hospitalizada en un centro de salud privado, en vista que le negaron la atención médica en la Caja Nacional de Salud, dijo Lero a ANF.
La agresión ocurrió cuando una delegación del municipio de Tapacarí, integrada por las concejalas Villca Nina y Ureña, el Alcalde, el Presidente del Concejo, y la encargada de limpieza del municipio y novia de este último, Eugenia Romero, retornaba de un campeonato de fútbol en una de las comunidades.
La animadversión contra las concejalas se habría iniciado porque se negaron a beber con las autoridades municipales. Esperaron por la movilidad que las debía llevar de retorno porque también los choferes se sumaron al convite del Alcalde, y cuando pidieron bajar a medio camino de la ruta hacia Tapacarí para continuar camino a pie hacia sus comunidades, “fueron insultadas, amenazadas y golpeadas por Ignacio Mendoza y su novia, Eugenia Romero”, relató la hija de la víctima.
La asambleísta departamental de Cochabamba, Lineth Villarroel, lamentó que a 11 días del hecho y cursando una denuncia en la Felcv “el Ministerio Público no haya tomado acción y los agresores continúen ejerciendo sus funciones impunemente” y anunció que en coordinación con las organizaciones de mujeres vigilarán que se sancione a los responsables. Exigirán que “se activen las medidas de protección para la víctima, porque los agresores la visitaron en el hospital y la amenazaron con destituirla en caso de no retirar su denuncia”
La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) emitió un pronunciamiento en el que rechaza la agresión física, verbal y psicológica contra la concejala, exige al Ministerio Público celeridad en la investigación para el esclarecimiento del caso, garantías para el resguardo de la seguridad y los derechos de la víctima y solicita la intervención del Ministerio de Justicia para que le brinde apoyo legal.
Este hecho se suma a las más de 270 causas por acoso y violencia política hacia mujeres en ejercicio de la función pública, que están en proceso en todo el país, según reportes del Ministerio de Justicia a diciembre 2016.
Pese a la vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, a la fecha no ha culminado ninguno de los procesos instaurados contra los autores intelectuales y materiales de casos de este tipo de delitos que incluso cobraron la vida de varias mujeres concejalas, especialmente de municipios rurales.
Uno de los casos emblemáticos de violencia política contra mujeres electas para cargos municipales es el de Juana Quispe Apaza, concejala del municipio de Ancoraimes, que el 13 de marzo de 2012 fue encontrada sin vida a orillas del río Orkojahuira, con signos de estrangulamiento. Este crimen continúa impune. (ANF)
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