El 5 de mayo, Villca y Ureña fueron víctimas de violencia física, verbal y psicológica por el presidente del Concejo Municipal de Tapacarí, Ignacio Mendoza; el alcalde de este municipio, Severino Vargas; y la funcionaria Eugenia Romero, quienes al parecer las golpearon, insultaron e intentaron ejercer violencia sexual cuando retornaban de un acto en la localidad de Sicaya, Cochabamba.
La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres solicitó el esclarecimiento inmediato de las denuncias, y exhortó la aplicación de la Constitución Política del Estado, la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres 243 y la Ley 348 para la eliminación de toda forma de violencia.
Además llamó a actuar con celeridad y transparencia en la investigación, esclarecimiento y sanción a quienes resulten responsables de estos hechos de acoso y violencia política.
En tanto, las concejalas, asambleístas departamentales, diputadas y senadoras del MAS-IPSP emitieron un pronunciamiento en el cual expresan su rotundo rechazo a estos actos, y denuncian la agresión verbal, psicológica y física por parte de servidores públicos de la Alcaldía de Tapacarí.
Por ello exigen cumplir el principio de celeridad, patrocinio gratuito y seguimiento al caso, además de protección y garantías a las víctimas durante y después del desarrollo del proceso instaurado en contra de los agresores y en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
También instan “a las autoridades denunciadas que en el marco de la ética presenten licencia a la función pública que desempeñan durante el desarrollo del proceso instaurado en el Ministerio Público con el fin de evitar cualquier tipo de hostigamiento, acoso y uso de influencias en contra de las víctimas”.
El senador del MAS-IPSP Efraín Chambi indicó que los acusados de los hechos, que son de las filas de este partido, serán remitidos al Tribunal de Ética.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, anticipó que esta entidad coadyuvará en el proceso contra los funcionarios acusados.
“El Tribunal va asumir convertirse en parte coadyuvante en este proceso. El nuevo reglamento aprobado por la Sala Plena establece que se hará seguimiento a los casos de denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres autoridades”, señaló.
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