En 2015, menos del 1 por ciento de las denuncias de violencia lograron alguna sanción penal. Esto quiere decir que más del 99 por ciento fueron conciliados, rechazados, desistieron o simplemente quedaron en investigación, aseguró la representante de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortes. En 2016, esta cifra llegó al 3 por ciento.
El feminicidio de la subteniente de Ejército, Pamela Tito Roque (25), es una muestra de las fallas del sistema de protección. Ocho meses antes de ser asesinada, el 5 de marzo en el Batallón Logístico con tres impactos de bala, había solicitado una orden de restricción contra su expareja, Ciro Sánchez Ríos. Sin embargo, la Fiscalía desestimó su pedido. También denunció al agresor en la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
La Unidad de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía recibió el requerimiento de valoración y a partir de esto se remitió la recomendación para iniciar un proceso a la Fiscalía y una medida de protección inmediata, sin embargo, ésta fue rechazada.
La denuncia se inició después de que la subteniente, en julio de 2016, fue víctima de violencia psicológica durante su embarazo. Ocho meses después, fue asesinada y dejó en la orfandad a un bebé de seis meses.
Los feminicidios dejan heridas en decenas de familias. El padre de Jazmín Echeverría (17), Celso Echeverría, halló a su hija muerta en la zona de La Angostura y, desde hace cuatro años, busca justicia.
“Supuestamente el juez tiene que determinar una audiencia para los implicados, pero hasta ahora (cuatro años después) no ocurre eso”, señaló.
“Son dos años, un año, tres años que duran estos procesos y que muchas veces no tienen respuesta. No sabemos cuándo van a terminar y para las víctimas es doloroso seguir en el proceso”, señaló Julia Valdivia, representante de la organización “Mujeres de Fuego”.
Los recursos
El Decreto Supremo 2145 establece que se debe destinar el 10 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el mantenimiento, provisión de personal y gastos de funcionamiento de las casas de acogida. En el caso de Cochabamba, es el Centro Esperanza de Quillacollo.
El año pasado se destinaron 789 mil bolivianos para la partida de Defensa y protección de la mujer y Programa Esperanza. Sólo se ejecutó el 57,73 por ciento. Este año, el presupuesto se redujo a 538 mil bolivianos. Hasta diciembre de 2016, sólo albergaba a 15 mujeres víctimas de violencia junto a sus hijos.
La asambleísta Lineth Villarroel aseguró que, desde el inicio ,la Casa presentó muchas falencias, como la falta de personal de atención social y psicológica. “No hubo una correcta coordinación ni socialización con los municipios para que deriven a las mujeres”, señaló.
El municipio de Cercado designó, en 2015, 29.739 bolivianos para promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer, de los cuales se ejecutó el 88,57 por ciento. Este año, el presupuesto para toda el área de trabajo social es de 9 millones.
Faltan recursos
La presidenta de la Comisión de la Mujer, Beatriz Terán, señaló que una de las falencias es la atención en los Servicios Legal Integral Municipal (SLIM) es que cuenta con poco personal y que los contratos para la atención son eventuales.
La falta de asignación de recursos impide que las políticas públicas respecto a la lucha contra la violencia a la mujer se cumplan y ocasionan que las instituciones encargadas de la atención se debiliten, señaló la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño.
“Tenemos una Policía cada vez más debilitada, tenemos un Órgano Judicial que no tiene capacidad para responder (…) la ley dice que el Ministerio Público debe hacerse cargo de oficio, pero muchas veces no se cuenta con el personal ni con los recursos para atender los hechos ni para investigar”, lamentó.
La directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía, Andrea García, manifestó que las instituciones públicas y el sistema de protección no responden a los casos de violencia desde las instancias previas.
En tanto que el fiscal de Distrito, Óscar Vera, aseveró que el personal se asigna de acuerdo a la demanda y se cumple con la atención inmediata.
Sin embargo, el Observatorio de Exigibilidad para los Derechos de las Mujeres señaló, a finales de 2016, que, desde la aprobación de la Ley 348, sólo se lograron 47 sentencias en el país.
La representante de la Fundación Voces Libres y cofundadora de “Mujeres de Fuego”, Mercedes Cortes, manifestó que la retardación de justicia somete a las mujeres a la revictimización.
“Las autoridades no están asumiendo las tareas, no están dando la cara con recursos”, dijo.
En los últimos tres años, 88 mujeres han sido asesinadas por razones de género en el departamento de Cochabamba.
La Felcv no recibe recursos
El año pasado, la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (Felcv) hizo un requerimiento para la designación de recursos que, según la Ley 348, corresponden como mínimo al 5 por ciento de los recursos del IDH; sin embargo, estos no se asignaron hasta el momento.
El director de esta institución, Marcelo Vía, señaló que desconoce hasta el momento si el monto fue otorgado.
El excomandante de la Policía, Elvis Baptista, señaló que el 90 por ciento del presupuesto de este año está destinado para los recintos penitenciarios. Baptista aseguró que urge un seguimiento a esta designación.
La asamblea departamental pidió la entrega de este monto en una plenaria, en octubre. Sin embargo, la asambleísta Lineth Villarroel aseguró que, por tercer año, no se ha cumplido con la normativa en este aspecto.
La Felcv no cuenta con instalaciones propias para su funcionamiento. Desde el año pasado, se espera contar al menos con 3 millones de bolivianos para la construcción de una infraestructura adecuada. A nivel nacional, registró 40.000 casos de violencia hasta el momento.
LAS ACCIONES Y DECLATORIA DE ALERTA
La ejecución de presupuesto y los planes de las instituciones públicas fueron cuestionados durante la conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo.
A pesar de la cantidad de feminicidios registrados en el departamento en 2016 —27—, no se declaró una Ley de Alerta.
El año 2015 fue la última gestión en la que se emitió una Ley de Alerta contra la violencia a la mujer, sin embargo, se ejecutó solamente desde octubre hasta febrero de 2016, con la difusión de publicidad radial y televisiva para la prevención, entre otras acciones.
La asambleísta departamental, Lineth Villarroel, aseguró que posteriormente se pidió una reformulación y una nueva promulgación de alerta para garantizar recursos en las gestiones 2016 y 2017 “pero, lastimosamente, el proyecto está en el ejecutivo de la Gobernación desde diciembre del año pasado (…) en una reunión establecieron que no tenían presupuesto”, afirmó.
Los municipios de Cercado, Sacaba y Sipe Sipe fueron los que presentaron más casos de violencia en 2016. Cercado cerró el año con 8.000 denuncias. Sacaba registró 2.014 casos y, finalmente, Sipe Sipe registró en total 1.800 casos.
La atención a las víctimas de violencia tampoco llena las expectativas de los activistas. En la mayoría de los municipios, la atención del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría está a cargo de una sola persona, según la Secretaría de Desarrollo Humano. La secretaria de Desarrollo Humano, Primitiva Guarachi, aseguró que este año se comenzará el monitoreo a el estado de los centros de atención y la disposición de personal.
El municipio de Bolívar, que no cuenta con este servicio, reportó 70 casos de violencia sólo en la primera mitad de 2016.
Guarachi aseguró que se está gestionando el financiamiento con organizaciones de cooperación para el Plan de Acción Contra la Violencia presentado durante esta semana. Este plan, que se elaboró durante cinco meses, tiene el objetivo de actuar de forma preventiva e intersectorial, según explicó Guarachi.
El presidente Evo Morales emitió un decreto para la creación de un comité interinstitucional para la aplicación de normas a favor de las mujeres, conformado por los ministerios de Justicia, Transparencia, Educación y Cultura.
“La justicia boliviana también debe asumir su responsabilidad en el tema de cómo juzgar a hombres violentos que atacan o agreden a la mujer”, señaló Morales respecto al actuar de la justicia.
La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, criticó que se emitan normativas sin la adecuada asignación de recursos.
La abogada Jinky Irusta señaló que muchos casos de denuncia son rechazadas y abandonadas por falta de seguimiento.
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Las “Mujeres de Fuego” protestaron exigiendo justicia durante el “Paro Femenino” por el Día Internacional.
José Rocha
SENTENCIAS
2 Feminicidios ocurridos en el municipio de Cercado, en 2016, obtuvieron sentencia en 2017.
FEMINICIDIOS
3 Casos de feminicidio se registraron en lo que va del año. Dos están tipificados como el delito de feminicidio seguido de suicidio.
MUNICIPIO
8.000 Denuncias fueron registradas en los Servicios Legales Integrales del municipio de Cercado en 2016.
DENUNCIAS
40.000 Denuncias de violencia hacia la mujer se registraron en Bolivia desde enero de 2016 hasta marzo de 2017.
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