El Decreto Supremo 2145 que reglamenta la Ley 348, establece que entre el 25 y el 30 por ciento del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana debían destinarse para la construcción y equipamiento de casas de acogida, refugios temporales y Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) durante la gestión 2015.
Silvia Fernández, especialista en programación y gestión presupuestaria para la igualdad de género, reveló a ANF que “al 2 de diciembre, sólo la gobernación del Beni había ejecutado el 30% de los recursos destinados a la construcción y equipamiento de casas de acogida y refugios temporales, otras dos llegaron al 15%, el resto registra cero ejecución”.
La situación no es más alentadora en el caso de los municipios, pues “exceptuando a los municipios de ciudades capitales, la gran mayoría apenas supera el 50% de ejecución presupuestaria para el fortalecimiento de los SLIM”.
Fernández ha sistematizado información de más de 70 municipios durante varios encuentros departamentales propiciados por el Sippase para la adopción de medidas específicas para la ejecución y programación del presupuesto para la lucha contra la violencia.
“Se ha trabajado con más de 70 municipios en los que se han identificado debilidades centrales, según datos del Ministerio de Finanzas a junio de este año se ejecutó el 7% del presupuesto asignado, tanto de gobernaciones como de municipios. Al 2 de diciembre hay una ejecución del 59% de los recursos del IDH asignados para la lucha contra la violencia”, informó Fernández.
ATENCIÓN
Según la especialista, estos datos muestran que hay una débil institucionalidad de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia, las gobernaciones y municipios no cuentan con infraestructura ni el personal necesario para los programas de lucha contra la violencia.
“Es más fácil tramitar y ejecutar recursos para una cancha de fútbol que garantizar recursos para la contratación del personal de los SLIM”, puntualizó.
La inadecuada gestión de los recursos financieros repercute directamente en la calidad de los servicios, “el problema central de los SLIM es su escasa institucionalidad, el personal de estos servicios es eventual, como el gasto corriente es absolutamente inflexible y no puede superar el 25%, los gobiernos municipales ajustan sus presupuestos por el lado más débil”.
Explicó que en el 60 por ciento de los municipios los SLIM funcionan con el mismo personal y en los mismos ambientes de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), “hay municipios donde ambos servicios son atendidos por un solo profesional, y no tienen presupuesto de gasto corriente, la debilidad de la gestión está poniendo en riesgo la gratuidad de la atención a las víctimas de violencia”.
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