“En anteriores gestiones, Tarvita era mal visto por la malversación de fondos y el uso indebido de bienes del Estado. Como hubo nuevas elecciones, accedimos a candidatear como concejales, dentro del instrumento político del MAS. Pensé que (con) el alcalde, como también era del instrumento, íbamos a mejorar la gestión. Pero desde el principio vi que se quería hacer las cosas mal”, relató Haase.
Desde ahí empezó su calvario, que lo llevaría a ser discriminada, según ella, por el alcalde Wilfredo Ipiña, quien apoyado por otros concejales “siempre quería ser el patrón del municipio, el que manda”, pero -según ella- no estaba realizando sus actividades como indican las normas.
Haase cuenta que era acusada falsamente en ampliados. “El alcalde me hacía llorar y me amenazaba siempre” porque no quería ser fiscalizado, dice.
Fue el 11 de mayo de 2011 cuando Ipiña, luego de un cabildo, junto a un grupo de personas la dejó por varias horas en el frío y la lluvia. “Me hicieron renunciar bajo amenaza a las 3:00 de la mañana”. “Me hicieron escribir mi renuncia y me dejaron con hambre y frío hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente”, contó la concejala destituida de su cargo. Ahora ya cuenta con el apoyo de organizaciones de defensa de las mujeres a nivel internacional y de la Asociación de Concejalas Bolivianas (Acobol).
La renuncia fue presentada por el Concejo al Tribunal Supremo Electoral, que aprobó la sucesión del rol hacia el concejal suplente. Pero por la apelación de Haase, el caso fue derivado al Ministerio Público para la investigación contra el alcalde y concejales, que ahora están imputados por el delito de acoso, violencia, amenazas y privación de libertad, caso que hasta ahora no se resuelve en la Fiscalía.
Al mismo tiempo, existe otra denuncia que está en apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia que tampoco ha sorteado la sala donde se debe dilucidar el caso, por irregularidades en la renuncia de la concejala.
“Yo sigo recibiendo amenazas. Luego que salió la imputación, hay gente que pasa por mi casa, recibo llamadas a la medianoche, apedrean los parabrisas de mi carro. Quiero que se haga justicia”, pidió la afectada.
Dos concejalas amenazadas
Cansadas de pedir que se las escuche en varias entidades públicas, dos concejalas del municipio de Calacoto (provincia Pacajes de La Paz), Marina Apaza y Delia Sánchez, pidieron el pasado 30 de noviembre una reunión urgente con el presidente Evo Morales para denunciar actos de corrupción en su municipio y actos discriminatorios en contra de ellas.
Ambas alegan haber sido relegadas por sus colegas municipales por el solo hecho de exigir el cumplimiento de las leyes, basadas en la Ley 2028 (de Municipalidades), para mejorar la gestión y ahora están amenazadas de muerte.
Este caso se suma a otras denuncias de violencia política en contra de autoridades ediles mujeres, como Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, quien fue asesinada pese a que días antes avisó a las autoridades de la persecución que sufría.
En lo que va del año también se conoció que concejalas de Tinquipaya, Chaquí y otras fueron obligadas a renunciar.
Las denuncias llegaron a varias instancias, como la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y ministerios del Estado.
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