El principal tipo, con un 41%, se refiere a la presión contra las autoridades electas para que suscriban todo tipo de documentos (incluso papeles en blanco) o avalen decisiones contrarias a sus principios e interés público.
Los 13 tipos de actos de violencia identificados fueron incorporados en la propuesta de ley contra el acoso y la violencia política en razón de género, que se aprobó el 28 de mayo de 2012.
La consultora legal de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, Ingrid Davezies, explicó que de esa manera se cuenta ahora con un instrumento jurídico legal para exigir que no sólo se protejan los derechos políticos de las mujeres, sino que se garantice no cometer más acoso y violencia política, cita el periódico digital del PIEB.
Del total de casos denunciados entre 2000-2009, el 40% fue derivado a instancias públicas de Gobierno, “pero quedaron impunes”: 32,4% no tuvo ningún tipo de respuesta, mientras que en el 7,6% de los casos las instituciones se excusaron al sostener que no tenían competencia en la situación que se había denunciado.
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