Señalaron que la norma aprobada el 28 de marzo de 2011 debe ser cambiada porque, aseguran, viola derechos fundamentales.
"Impide que los ciudadanos y las ciudadanas hagan iniciativas de reforma al Estatuto como también impide que se hagan propuestas de reformas a los presupuestos como si los recursos pertenecieran a unos cuantos" señala el pronunciamiento que lleva varias firmas.
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