domingo, 31 de marzo de 2013

Víctima de la violación en Sucre fue cruelmente golpeada por el esposo

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Fotos: Wara Vargas / Página Siete
Fotos: Wara Vargas / Página Siete
Javier Viscarra, editor de opinión; la ministra Cecilia Ayllón y Marco Zelaya, editor de suplementos de Página Siete.
El Ministerio de Justicia, que realizó un silencioso seguimiento de la violación ocurrida en la Asamblea de Chuquisaca, conoció que una de las víctimas del vejamen fue cruelmente golpeada por su esposo y luego expulsada de su casa, según la revelación de la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, que accedió a conversar con Página Siete. Con ella se dialogó sobre las importantes reformas pendientes al Código de Procedimiento Penal.

Página Siete.- En el país se presenta un problema que el propio Presidente lo ha advertido: se promulgan leyes pero en la práctica no se cumplen, no hay cambios. ¿Qué opina de esto, es así?

Es evidente que se han emitido muchas normas y una buena parte de ellas no se ha entendido a cabalidad. La tendencia romano-germánica que prima en la formación de abogados, por ejemplo, hace ver la parte formal por encima del hecho concreto.

En el último tiempo hemos advertido una propensión de los abogados por involucrarse en la parte procesal y así estamos perdidos en medidas cautelares, detenciones preventivas y otros recursos, pero no en el juicio mismo, es decir la parte sustantiva.

Lo que hoy ocurre en nuestras cárceles, donde hay más del 80% de detenidos preventivos y sólo un 20% de internos que cumplen sentencias, se ha repetido pendularmente a lo largo de toda nuestra historia, no es nuevo.

Ahora estamos cambiando la visión de la justicia, aunque es algo que todavía no se está entendiendo a cabalidad. No estamos hablando de reformas, sino de construir una nueva justicia, un nuevo Estado. Y ésa es la causa para que muchas leyes no sean cumplidas.

Por ejemplo, la Ley de Trata y Tráfico de Personas, que ha sido trabajada por muchas organizaciones, se la ha explicado ampliamente y se ha conformado un consejo plurinacional para su cumplimiento, entre otras actividades que conforman una política pública contra la trata. Es decir, estamos trabajando en la implementación de esta nueva ley.

Página Siete.- Hay también otra percepción y es que el Órgano Judicial es el que menos responde a las expectativas de la población. ¿Cuánto se puede hacer desde su despacho para cambiar esto?

Estoy convencida de que se va a cambiar, pero no es de la noche a la mañana. Desde el nacimiento de la República hemos funcionado con códigos traídos por la colonia, los códigos Santa Cruz, luego los Banzer que no fueron suficientes, para después encontrarnos con las reformas a la Constitución Política del Estado, creándose numerosas instituciones. Lo cierto es que nuestra realidad plural no puede adecuarse a un solo sistema judicial. Por ello nuestra CPE nos habla de un sistema de justicia plural, cuya implementación tomará tiempo. Para ello se ha aprobado la Ley del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y las cinco leyes fundamentales. Y a partir de ello ha sido posible la elección de los magistrados.

Después nos ocuparemos de acercar la justicia al pueblo. Por ejemplo, observamos que los llamados “palacios de justicia” en los nueve departamentos han sido siempre vistos como entes, que no han permitido realmente que la gente acceda a la justicia; por ello se trabaja ahora en las “casas de justicia”. En 2025 las tendremos en todos los municipios y en barrios de alta concentración poblacional. En estas “casas” habrá jueces, fiscales, pero también servicios integrales para la población.

Página Siete.- En casos que han sido públicos, como el de la violación en la Asamblea en Sucre, usted, por ejemplo, ha salido a la palestra con una posición muy técnica, señalando que se requería la acusación formal de la afectada para iniciar un proceso -lo que es cierto-, pero sin referirse al fondo del asunto.

Lo que sucede es que se ha mediatizado este caso y se presionó para que se tomen acciones jurídicas que estaban fuera de la ley. Este caso era un delito de orden privado (aunque con la nueva ley ya es de orden público). Evidentemente di una respuesta técnica a una pregunta técnica.

Pero voy a decir ahora algo por primera vez: el Ministerio de Justicia sí trató de tomar contacto con las víctimas e hizo todas las averiguaciones del caso. Hemos tratado de hacer un seguimiento del paradero de las víctimas para apoyarlas en la decisión que ellas pudieran tomar. Hemos hecho el seguimiento con psicólogas y abogadas para apoyarlas en Santa Cruz, adonde ellas viajaron y se les perdió el rastro.

Pero no sólo es eso, sino que también buscábamos protegerlas porque se exhibieron de tal manera las imágenes de los hechos que se acabó por mellar en extremo su dignidad.

Hemos conocido -no tenemos certeza- que una de esas personas ha sido cruelmente golpeada por su esposo. Otra de ellas, o la misma, no tenemos información cabal si es la misma persona, fue expulsada de su hogar. Estamos hablando de una cultura que se repite, que ha hecho que esas mujeres tengan que desaparecer.

Página Siete.- ¿Y se ha tomado alguna acción, por ejemplo contra el marido que la ha golpeado?

No la hemos logrado ubicar (a la afectada). Ha sido tan cerrado este asunto que la persona desapareció. Estas acciones no las hemos hecho como investigación, sino como una protección a ellas.

Nunca hemos difundido este trabajo, pues podría haber sido contraproducente; más bien hemos actuado con cautela, como parte de la protección hacia ellas para no victimizarlas más.

Lo que sí les puedo asegurar es que una vez que logremos conversar con ellas y convencerlas de que se haga la acusación, el ministerio tomará parte para lograr una sentencia.

Página Siete.- Volviendo al tema global de la justicia, ¿qué ha cambiado en ella tras la elección popular de magistrados?

El cambio real es que se logró una situación de puertas abiertas; evidentemente son símbolos pero éstos son importantes para el cambio. Por ejemplo, la presencia indígena. Bolivia se está apropiando de la justicia.

Otro paso visible es la rapidez con la que se están despachando las causas ingresadas desde el 3 de enero de este año. Las causas anteriores han quedado para que sean atendidas por los llamados liquidadores. También se están emitiendo fallos más apegados a los hechos concretos.

Página Siete.- ¿Qué sucede con las personas que reclaman al frente de su despacho, en El Prado paceño? Las víctimas de violaciones a los derechos humanos están en carpas y no se les da solución.

Evidentemente son carpas. Eventualmente son ocupadas por un par de personas, máximo una decena en los momentos críticos. Hemos tenido muchas reuniones, incluso con participación del defensor del Pueblo, NNUU, COB y otras. Les hemos explicado que los líderes de este movimiento han estado en todo el proceso de aprobación de la ley de resarcimiento a las víctimas de violencia política, así como el proceso de calificación (de los montos). Nunca hicieron uso de los recursos que la ley les permitía en el contencioso administrativo, tras lo cual pudieron haber judicializado su reclamo; no lo hicieron y ahora los plazos se han vencido.

Ahora nos han interpuesto un amparo constitucional al que vamos a responder. Pero la verdad es que no es comprensible lo que ahora están pidiendo.

Página Siete.- Sobre la ley del indulto se ha visto a su ministerio muy reacio a su aprobación. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La ley del indulto surge como iniciativa del Ministerio de Justicia. Pero esto requería, además, de un soporte técnico importante, un análisis estadístico; y ya se ven los resultados, han sido diversos. Primero se anunció 1.000 y 2.000 personas indultadas, pero la realidad ha sido otra. Pienso que se han creado innecesarias expectativas.

No se puede jugar con el sentimiento de los involucrados.

Página Siete.- Siempre se ha pregonado la independencia de poderes; sin embargo, con el caso de la red de extorsión esto ha quedado en cuestión. ¿Qué opina?

Existen dos tipos de independencia; la primera es la de los órganos de poder que operan con el accionar independiente de las instituciones involucradas, la otra es la independencia del juez como autoridad; esta independencia no está en una ley, no la otorga nadie, se la ejerce, simplemente.

La injerencia siempre ha existido. Y en el caso de la red de extorsión -algo que debe probarse- estamos hablando de determinados funcionarios que ostentaban el poder en una repartición y ejercían supuestamente influencia en jueces y fiscales. Yo jamás aceptaré extorsiones porque creo que el juez debe ejercitar su independencia. Pero no se puede hablar como injerencia de Gobierno, sino de determinados funcionarios.

“Se está trabajando en cerrar todas las puertas que puedan dar lugar a que se alarguen los procesos”.



El nuevo Código de Procedimiento Penal evitará la mal usada detención preventiva
El Ministerio de Justicia realiza los últimos ajustes al futuro Código de Procedimiento Penal, con el que se pretende terminar, entre otros aspectos, con el mal uso de la figura de la detención preventiva (que, con los ritmos de la justicia boliviana, se convierte en una detención definitiva).

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dijo que el trabajo que se realiza cambiará por completo la visión de los juicios orales. “Estamos frente a un trabajo que efectuará un deslinde de lo que son los tipos penales de acción pública y de acción privada”, sostuvo.

Se ha realizado un análisis estadístico que ha establecido que los tipos jurídicos como estafa, estelionato, cheques y otros tienen una gran cantidad de detenidos preventivos, contó. “Y el juicio se lo utiliza como una especie de coacción para que se pague una deuda, lo que está mal”, informó Ayllón.

“La prisión por deudas ya no existe, pero con esa figura penal de la detención preventiva se logra meter a la cárcel a los, entre comillas, imputados/deudores. Luego se prolonga tanto el proceso, que cuando se está por llegar a la etapa de juicio oral, la víctima de este abuso termina ofreciendo el pago de la deuda, sea ésta real o no, para que la parte acusadora retire la acusación. Entonces se usan estas figuras penales, por lo general, para presionar por el cobro de deudas”, dijo.

Ayllón adelantó que el trabajo convertirá esos delitos de orden público en delitos de orden privado, lo que significa que ya no habrá prisión. Es decir que esos juicios deberán ir por la vía privada.

“Se está trabajando en cerrar todas las puertas a cualquier interpretación que pueda dar lugar a que se alarguen los procesos, para exigir rigurosos plazos procesales”, añadió la autoridad, que indicó que “los cambios van a causar molestia para quienes están acostumbrados a una forma de trabajar frente a otra que va a requerir más ‘pienso’”.

“Por otra parte, el nuevo código está incluyendo algo que no debería ser necesario, pero ante la casi aceptada violación que hacen los jueces al suspender las audiencias de juicio, se hará: que las razones para suspender audiencias serán muy precisas y concretas”.



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