viernes, 3 de agosto de 2012

Ley obligará al aparato público a la inclusión del 50% de mujeres

El proyecto de Ley de Despatriarcalización del Servicio Público, al que tuvo acceso La Razón, tiene la finalidad de equilibrar la participación de hombres y mujeres en el aparato público. La aplicación comprende a todos los órganos del Estado, niveles de gobierno y decisión e, incluso, en instituciones descentralizadas.

“La presente Ley es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, en cumplimiento de equivalencia constitucional en las designaciones como servidoras y servidores públicos del 50% en los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, las gobernaciones departamentales, los gobiernos municipales, las autonomías regionales e indígena originaria campesina”, dicta el artículo 2 del proyecto de ley. Esta norma debe ser promulgada hasta el 12 de octubre, Día de la Descolonización en Bolivia.

Política. La jefa de la Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización, Elisa Vega Sillo, explicó a este medio que la política de despatriarcalización del Gobierno abarca la inclusión de la mujer en la cosa pública de forma equilibrada. Dijo que la normativa está sustentada en la Constitución.

“La participación de mujeres debe ser del 50% en todos los ámbitos, no sólo en las elecciones sino en los espacios de poder y de decisiones (...) Esta ley garantizará la inclusión de la mujer en estos espacios”, indicó Vega.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Lucio Marca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), criticó que la norma ponga un techo (el 50%) de inclusión femenina. Explicó que puede haber mayor porcentaje de participación de las mujeres.

“¿Por qué poner un techo a las mujeres? De seguro puede haber en alguna institución un 80% de mujeres por su capacidad. No se permitirá porcentajes exactos, sin embargo, se garantizará la aplicación de la política de despatriarcalización que impulsa el Gobierno”, señaló Marca.

Por su parte, la senadora de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek adelantó que la norma es “inaplicable” porque aún no se consolidó un proceso de despatriarcalización para equilibrar la cosa pública. “Estoy de acuerdo en la política de inclusión de las mujeres (…), pero esta política puede ser un fracaso, ya que no se hizo un verdadero proceso de inclusión femenina”, criticó.

La Constitución, aprobada en 2009, establece en su artículo 11 que “la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.

En el actual gabinete del presidente Evo Morales existen sólo siete mujeres de 20 ministros. En anteriores gestiones, el Mandatario cumplió con la equidad de género, designando al menos diez ministras. La aplicación de la norma implicará la modificación del Estatuto del Funcionario Público y el despido de personal masculino, esto para equilibrar al 50% la participación femenina en la cosa pública, advirtieron.

A 2 años de la creación de la unidad

Gestión

La Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización fue creada el 4 de agosto de 2010. Impulsó políticas a favor de la mujer, que fueron introducidas en la Ley Abelino Siñani y la Ley contra el Racismo y Discriminación.

Piden el 30% de jóvenes en listas electorales

Un proyecto de ley impulsado por la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño, y organizaciones juveniles de la ciudad de El Alto obliga a la inclusión del 30% de líderes jóvenes en las listas electorales de los partidos políticos.

“El Órgano Electoral, como ente rector, los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas originarios campesinos, deberán garantizar la participación política de la juventud en las listas de procesos eleccionarios en todos los niveles territoriales, en el marco de la Ley Electoral y normativas específicas no menor al 30% del total de los miembros”, establece el artículo 23 de la norma.

La diputada Montaño impulsará la aprobación de la norma que, entre otros aspectos, obliga a las instituciones públicas a incluir líderes jóvenes en sus planillas. “La ley establece la creación del Consejo Plurinacional de la Juventud, el cual ejecuta, evalúa y hace seguimiento de las políticas públicas a favor del sector juvenil”, sostuvo.

Según la normativa vigente, las personas son consideradas “jóvenes” cuando están entre los 18 y 25 años.

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