De acuerdo con datos de la Fiscalía, el número de delitos enmarcados en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) ha ido en constante aumento al menos durante los últimos tres años. En 2015 hubo 31.942 casos, en 2016 se subió a 35.604 casos y en 2016 la cifra siguió en ascenso hasta 38.846 casos.
El coronel Erick Millares, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), destacó que, gracias a la mayor presencia de la Policía y tareas de sensibilización, las personas vulnerables a ser víctimas de violencia ya conocen cómo hacer las denuncias.
“Evidentemente tenemos mayores casos, porque las mujeres se están animando a denunciar, se están despatriarcalizando, y esto está permitiendo que las personas hagan conocer a la Policía cualquier tipo de violencia”, explicó según Erbol.
A su turno, la jefa de la unidad de la Defensoría del Pueblo dedicada al tema de violencia, Ximena Fajardo, manifestó que aún persiste un sistema de tipo patriarcal que sustentan los estereotipos y esquemas violentos.
No obstante, la funcionaria señaló que las cifras de casos de violencia también se explican porque las mujeres están más empoderadas y existen más mecanismos de denuncia.
“Antes estaba un poco visible la posibilidad de poder denunciar, ahora al contrario ya hay más empoderamiento de las mujeres, hay más mecanismos para poder denunciar esto y también hay un tema de reproche social”, indicó Fajardo.
El coronel Millares destacó que ahora la entidad policial comenzó con unos 450 efectivos y ahora bordea los mil, con los cuales tiene presencia en todas las Estaciones Policiales Integrales del país. Indicó que con ese despliegue se da mayor posibilidad de denuncia a las víctimas.
Anunció que seguirá con tareas de prevención y sensibilización enfocada hacia los varones, puesto que son los que mayor potencial tienen para incurrir en prácticas violentas.
Informe
Fajardo explicó que la Defensoría está elaborando un informe nacional de la aplicación de las medidas de atención y protección dispuestas en la Ley 348, que se realiza en las entidades públicas.
Señaló que hasta el momento se observó importantes avances en políticas públicas, elaboración de manuales y protocolos en el nivel central del Estado.
Sin embargo, se advirtió falencias en el trabajo de entidades subnacionales departamentales y municipales. Mencionó por ejemplo a la actividad de los Servicios Legales Integrales (SLIM), el desarrollo de las casas de acogida y de los refugios temporales.
“Reconocemos que hay avances de prevención, pero creemos que debemos fortalecer sobre todo las actividades de las entidades territoriales autónomas”, dijo.
La funcionaria indicó que el informe se concluiría en mayo, y que la intención es que el mismo contribuya a que se cumpla a cabalidad la Ley 348.
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