La circular emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 18 de junio establece como uno de los requisitos para ser candidato: "Certificado emitido por el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género del Ministerio de Justicia, o Declaración voluntaria ante Notario de Fe Pública de no tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada”.
La presidenta del TSE, Wilma Velasco, precisó -en una anterior entrevista- que una simple denuncia no es causal de exclusión. "No será inscrito aquel que tenga sentencia ejecutoriada. Ahora, es cuestión de ética. Cualquier varón que tenga antecedentes de violencia contra mujeres, pues por ética no debería presentarse”, dijo Velasco.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece que para acceder a la candidatura a la Presidencia, diputado o senador debe cumplir las condiciones generales de acceso al servicio público, entre otros.
El artículo 234 de la Carta Magna señala que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere "no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento”.
Entre 2012 y 2013 hubo al menos cuatro denuncias de violencia contra la mujer que involucraron a legisladores y autoridades judiciales, quienes, sin embargo, al no tener sentencia ejecutoriada, pueden ser candidatos en las próximas elecciones.
Entre los denunciados por violencia contra la mujer están los senadores del MAS Adolfo Mendoza y Fidel Surco. En el primer caso, Mendoza habría causado hematomas a su esposa, lo que fue certificado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Posiblemente busque una reelección por el MAS.
En el segundo caso, en 2011, la esposa de Surco lo denunció por abandono de hogar, tras perder la vista luego de que sufriera un atentado supuestamente dirigido al senador. No se sabe que Surco busque la reelección.
A éstos se suma el caso del diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, acusado de discriminación por negar a su hija de nueve años y por causar lesiones a su exesposa. Navarro ya renunció para candidatear en las elecciones de octubre.
El oficialismo no quiso prohibir
Cuando en la Asamblea Legislativa Plurinacional se discutió la Ley del Órgano Electoral, se propuso como causales para la inhabilitación de candidatos tener antecedentes de alzamiento armado, separatismo y de narcotráfico. En aquel entonces también se propuso que quienes tengan denuncias por violencia contra las mujeres no sean habilitados, según la diputada Marcela Revollo.
Pero el senador Eugenio Rojas y el diputado Lucio Marca (MAS), quienes fueron presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, se opusieron a estas propuestas con el argumento de que pueden surgir acusaciones falsas.
"El MAS se opuso y yo denuncié como encubrimiento porque existe una cantidad de políticos que tienen denuncias de agresión a las mujeres”, declaró la diputada Revollo.
"Mi criterio es que ningún político acusado de violencia doméstica debe participar en las listas de candidatos, esto al margen de una normativa”, dijo.
En opinión de la parlamentaria, quienes están acusados, por moral, no deben presentarse a las elecciones de octubre.
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