Bolivia es uno de los países que más avanzó en la inclusión de las mujeres en la política; sin embargo, aparece como uno de los más desiguales a la hora de garantizar el acceso de ellas a la salud, la educación y la justicia.
Así lo revela el primer informe sobre el Progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012 elaborado por ONU-Mujer, la entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de las Naciones Unidas dirigida por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.
EL DEBER accedió al estudio en el que se resalta que más del 30% de la representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por mujeres y destaca las acciones estatales realizadas para mejorar la situación social de las mujeres.
Bolivia ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y sancionada el 3 de septiembre de 1981.
En 1938 y 1952, las bolivianas accedieron al derecho al voto universal y a postular a cargos públicos. Recién en 1966, una mujer fue elegida para el Parlamento y, en 1979, una mujer (Lidia Gueiler Tejada) encabezó el Congreso por primera vez. El porcentaje de mujeres en el Poder Legislativo pasó del 4% en 1997 al 30% en 2011. Un avance resaltado por los organismos internacionales como uno de los más significativos de la región.
El primer problema, sin embargo, aparece en el acceso de las mujeres a los servicios de salud. La mortalidad materna a la hora de traer un hijo al mundo es una de las prioridades para la ONU. Por eso, llama la atención la enorme brecha que separa a las mujeres ricas del área urbana respecto a las féminas pobres del área rural. Un 97% de las primeras tiene acceso a un médico durante el parto, mientras que apenas un 23% lo tiene en el campo.
En promedio, un 66% de las mujeres recibe atención de personal médico durante el alumbramiento, lo cual es vital para evitar las complicaciones que pueden llevar a la muerte. Una tasa por debajo de la que registran países pobres como Nicaragua (75%), Colombia (92%) y República Dominicana (96%).
La situación ha mejorado en los últimos años debido a las agresivas políticas de salud. Entre 1990 y 2008, la tasa de mortalidad materna bajó de 510 a 180 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos.
Respecto al aborto, se resalta que la legislación boliviana cuenta con leyes que aceptan la interrupción del embarazo cuando está en juego la vida de la madre y se busca proteger su salud física y mental, en casos de violación o incesto.
Sin embargo, no lo prevé para los casos de deterioro del crecimiento fetal, cuando haya motivos económicos o sociales, ni a petición de la propia mujer.
Aunque el país no sufre los males de la mutilación o ablación de los órganos genitales femeninos, el estudio alerta que el 26% de las consultadas enfrenta el matrimonio antes de los 18 años, lo cual afecta su desarrollo económico, social y educacional.
La situación también es difícil en materia de educación. Según el informe de ONU-Mujer, un 51% de las mujeres ricas urbanas en Bolivia asiste a la escuela secundaria, mientras que 8% lo hace en el área rural, lo que deja una tasa de escolaridad secundaria en promedio del 31%, por debajo de los países africanos y asiáticos, y de la mayoría de América Latina.
El estudio de la ONU resalta, sin embargo, las acciones estatales para romper esta disparidad. “Las escuelas móviles multilingües contribuyen a garantizar el acceso a la educación de las niñas indígenas que habitan en áreas remotas de la selva y el altiplano. Entre 1992 y 2001, la proporción de niñas rurales que completó seis años de educación aumentó del 41 al 74%.La tradiciones cercenan sus derechos
Una de las brechas más complejas por superar en Bolivia es la que separa a las normas de las tradiciones. En 1996 se aprobó una nueva Ley de Reforma Agraria en la que se reconoce la igualdad de derechos de las mujeres sobre la tierra. Sin embargo, las prácticas tradicionales en ciertas regiones señalan que la tierra se hereda de padres a hijos.
Un caso llamó la atención del informe de ONU-Mujer. En la comunidad Tarairí (Tarija), un grupo de mujeres se organizó con el apoyo de la líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Alejandrina Avenante, para exigir igualdad de derecho en el acceso a la tierra. A pesar de la resistencia inicial de las autoridades indígenas, las mujeres lograron reformar las prácticas ancestrales que les impedían contar con una herencia.
A las carencias en salud y educación, se suma el deficiente acceso a la justicia y la vigencia de la impunidad para los crímenes cometidos por varones contra mujeres por su condición de género.
23% son víctimas de violencia física
En materia de violencia contra las mujeres, la situación es crítica. Un 23% de las mujeres consultadas para el informe de ONU-Mujer señaló que fueron víctimas de violencia física en los últimos 12 meses por sus parejas o por un varón cercano a la familia. Mientras que un 6% lo fue de violencia sexual en el mismo periodo.
Bolivia cuenta con una ley contra la violencia doméstica; sin embargo, carece de una norma contra el acoso sexual en los lugares de trabajo y no prevé penas contra la violación conyugal. El estudio de las Naciones Unidas denuncia que la violencia contra la mujer es un fenómeno extendido que afecta a todos los estratos sociales, aunque puede agravarse entre los más pobres por la falta de educación.
La mayoría de los casos muestra una constante: los familiares más estrechos, esposos, hermanos y padres son los protagonistas más frecuentes de los hechos de violencia contra las mujeres.
En materia laboral, el estudio de ONU-Mujer alerta que las mujeres en Bolivia no pueden trabajar en todos los sectores como sí lo hacen los varones.
Sí cuentan con licencias de maternidad con o sin goce de sueldo, aunque ese beneficio no alcanza a sus compañeros, los varones, lo que en países desarrollados forma parte de los beneficios para los hogares que reciben un niño.
El estudio destaca que el 56% de las mujeres en Bolivia enfrenta el problema del desempleo, que obliga a la mayoría a emplearse en el sector informal, donde no existen los beneficios sociales que protejan la maternidad.
Otros países
Costa Rica. Cuenta con una Ley de Responsabilidad Compartida que promueve la educación igualitaria de niñas y niños. También aprobó una ley de protección de las madres adolescentes.
España. Las listas de candidatos para la Cámara Baja de los partidos políticos deben contar con un mínimo del 40% de representación femenina. Se estableció un Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y tribunales especializados contra la violencia de género.
Macedonia. Desde 2002 prevé una cuota de 30% reservada para las mujeres. El sistema de cuotas también se introdujo en los niveles medios y locales.
Suecia. Junto con otros países escandinavos como Dinamarca, Finlandia y Noruega, cuenta con legislación que garantiza la máxima protección de la maternidad y la igualdad de salarios entre géneros.
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