El oro atrae el delito. Las redes internacionales de trata y tráfico de personas ven a los centros mineros de Perú -sobre todo en la región de Puno y el norte de ese país- como el destino preferido para explotar a sus víctimas. No existen cifras oficiales, pero sí hay relatos de quienes temen por sus vidas. La Policía peruana maneja el dato de que en los últimos cinco años al menos 2.500 jóvenes bolivianas fueron obligadas a prostituirse al otro lado de la frontera, una cifra que también envió hace un par de años al Ministerio de Gobierno. Dos son los rumbos para este delito: La Rinconada, donde la ley es lo último que cuenta, y Piura.
La Rinconada es un centro minero donde la minería ilegal es su fuente de abastecimiento. El oro es utilizado como moneda en algunos casos. La ciudad, con 70.000 habitantes, es calificada la más alta del mundo, pero también la peor para habitarla. Está en la región de Puno, a 180 kilómetros de la ciudad de Juliaca.
La ciudad minera alberga 400 discotecas y centros de diversión en donde se explota sexualmente a cerca de 3.000 mujeres, un 50% de ellas son bolivianas, según la Policía peruana.
“Hay un montón de bolivianas, la mayoría llega para comercio sexual. Cuando detectamos menores de edad actuamos, pero las mayores se niegan a denunciar por temor, ya que dependen de un proxeneta”, detalló a EL DEBER el jefe de la macrorregión policial Puno-Madre de Dios, general Róger Tello Ramírez.
3.000 víctimas
Tello Ramírez explicó que existen casos en que las mujeres bolivianas prefieren no denunciar por temor al proxeneta y a la red de trata porque llegó a esa zona minera por su propia cuenta para ejercer la prostitución.
Otras 1.000 mujeres bolivianas son explotadas sexualmente en Piura, al norte de Perú, según datos de la Policía de esa región, donde la prostitución creció en 2016 un 100%, por ser considerada un área turística privilegiada por sus playas.
“La Policía les pregunta y dicen que están ahí por su propia voluntad, entonces es difícil determinar si llegaron a través de una red de trata y tráfico de personas o por voluntad propia”, destacó el general Tello.
En La Rinconada la prostitución se ejerce a plena luz del día. En sus calles están las cajas de cerveza armadas frente a frente. En las puertas están las menores de edad, sentadas en una banca esperando por su ‘cliente’ que, por lo general, es un minero aurífero. La víctima está obligada a hacer consumir al menos una caja de cerveza al varón para luego ingresar a un cuarto, donde se consume el delito.
Tello explicó que en La Rinconada el costo de vida es cinco veces mayor que en Puno, capital de la región. Y lanzó un dato más: la mayoría de las bebidas alcohólicas son adulteradas, pero aun así se paga por ellas. “Una cerveza en Puno cuesta cuatro soles (Bs 10), en La Rinconada llega a costar 20 soles (Bs 50), y lo peor, es adulterada”, dijo.
Hace un par de años, el Ministerio de Gobierno de Bolivia informó de que en ese poblado había 2.500 bolivianas “víctimas de las organizaciones criminales de tratantes”.
Debido a ese dato, la Defensoría del Pueblo en Puno pidió a la Fiscalía intervenir los 400 centros nocturnos, que también funcionan en el día.
Según la Unidad de Trata y Tráfico del Ministerio de Justicia, en 2012 fueron repatriadas 15 víctimas desde ese centro minero, de las cuales siete eran menores de edad. En 2014, dos niños fueron rescatados del mismo lugar, y en 2015, otros dos infantes retornaron al país.
Desaguadero, incontrolable
La vía que utilizan las redes de trata y tráfico de personas es por Desaguadero. De esa zona fronteriza pasan a Puno, donde son recluidas para dividir el rumbo. La mayoría va a La Rinconada y la otra parte al norte peruano, que es territorio costero y selvático. Estos datos fueron concedidos por la Sección de Investigación Criminal de Juliaca (SICJ), que depende de la Policía.
“No sabemos cuántas (bolivianas) hay porque al llegar aquí se hacen pasar por peruanas, solo cuando confrontamos sus identidades con el departamento de identidad aceptan que son bolivianas. Su ingreso es fácil debido a la falta de control en la frontera, pero, principalmente, ingresan por Desaguadero”, explicó a este medio el mayor Pedro Mendoza, director de la SICJ.
En La Paz, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó de que las denuncias de trata y tráfico descendieron debido al temor que existe por denunciar ante las amenazas de los proxenetas. La autoridad acotó que existe un trabajo coordinado con sus similares de Perú sobre este aspecto mediante operativos.
El jueves se conoció el caso de Xiomi Lema, una joven boliviana de 21 años, que fue raptada en La Paz y apareció en la capital peruana.
Fiscalía registró 2.493 casos hasta 2016
La Fiscalía General del Estado registró 2.493 casos de trata y tráfico de personas hasta el 2016. En el primer trimestre de esta gestión se estima que los casos lleguen a un centenar.
De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía, en la gestión 2012 hubo 318 casos; en 2013 se registraron 273; 651 en 2014; en 2015 fueron 550 y el año pasado 701.
Según el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, de los 701 casos de trata y tráfico de personas en 2016, 593 fueron por trata de personas, 17 por tráfico de personas, 17 por proxenetismo, 14 por violencia sexual comercial y 60 por pornografía.
De esta cifra, según el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el mayor número de víctimas son de 13 a 18 años.
En Perú, hasta abril de esta gestión, la Policía de ese país registró 128 casos de trata y tráfico de personas. Esta cifra muestra un incremento de 48% con respecto al mismo período del 2016.
