TRANSPARENCIA
Diversas propuesta son las que diputadas y senadoras dieron a conocer al Decano de la Prensa, en octubre. Se destacó el trabajo de la diputada suplente por Cochabamba, Isabel Bustamante, de Unidad Demócrata (UD). Planteó más control, más supervisión a los funcionarios que trabajan en distintas carteras del Gobierno, ya que considera que las funciones que desempeñan deben ser manejadas con más transparencia.
La sugerencia fue motivada al conocer las irregularidades al interior de la Asamblea Legislativa y de servidores públicos.
“Creo que para mejorar el país, necesitamos empezar a transparentarlo. Necesitamos volvernos un Gobierno abierto; transparentar el trabajo de todos nuestros ministerios. Es más, transparentar el trabajo legislativo, porque nosotros (somos) fiscalizadores, (pero) ¿quién fiscaliza el trabajo que nosotros ejercemos?. Entonces yo creo que el primer paso para un mejor país, es transparentar todas (las actividades de) las entidades estatales”, afirmó Bustamante en esa ocasión.
MERITOCRACIA
La administración pública, a cargo del Órgano Ejecutivo, mostró poca capacidad de resolución de conflictos, que afectaron directamente a la población, por lo que para la próxima gestión (2017), se debe priorizar la meritocracia, según el análisis expresado al EL DIARIO, por separado, de las diputadas, Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Rose Mari Sandoval de UD.
Para la diputada Piérola, el Movimiento Al Socialismo prioriza mantener candidatas mujeres que hayan tenido pasado en la dirigencia de juntas vecinales, trabajadoras campesinas, gremialistas y otras organizaciones sindicales, cuya decisión oficialista, es cuestionada, debido a que en el parlamento se requiere de profesionales en derecho, politólogos, ecónomos, pedagogos, comunicadores sociales y otros, para acceder a las comisiones de la Cámara Baja.
Por su lado, la diputada Sandoval propuso una ley que declare la exclusividad de profesionales en hidrología, geología e ingeniería medioambiental, para que accedan a la cartera del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ya que actualmente está a cargo de la abogada Alexandra Moreira, quien tuvo una gestión accidentada por la escasez de agua en La Paz, y en otras regiones del país.
DERECHOS HUMANOS
Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, trabajó en el 2016, socializando los derechos humanos, haciendo énfasis en las mujeres y menores de edad, quienes son considerados grupos vulnerables, según organismos internacionales y estatales bolivianos.
También Brito criticó a la sociedad “patriarcal” (machista), porque los hombres quieren hacer prevalecer su criterio a la fuerza en el área rural, urbana, en el Legislativo y Ejecutivo.
“He visto que el pensamiento patriarcal persiste, este aspecto era aceptable hace 500 años, pero estamos en una era donde la mujer puede ser protagonista en todos los niveles, desde emprendimientos hasta en niveles reargüidos del Estado”, aseguró.
ACOSO POLÍTICO
Por su lado, la diputada Costa identificó, desde 2015, seis casos de acoso político al interior del Legislativo, los cuales no fueron denunciados ante ninguna instancia. Las legisladoras afectadas lucharon por cuenta propia en sus bancadas para hacer respetar sus derechos.
“En el tiempo que estoy ejerciendo funciones de legisladora, he detectado seis casos de acosos político, de los cuales tres son de UD, incluyendo mi caso, dos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y uno del MAS. Todos los casos tienen la misma figura, (son) legisladoras (que) no se someten a las decisiones de los jefes de bancada, (cuya acción es usada) como argumento de las bancadas para llevar adelante un acoso político”, sostuvo.
Costa prefirió mantener en el anonimato los casos, porque las víctimas no quieren que se revele el acoso político que sufrieron dentro de su mismo partido político, de parte de sus jefes de bancada.
ÁREA RURAL
La misma situación se constató en el área rural, cuando EL DIARIO entrevistó a la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño, quien recibió, dentro de la bancada de La Paz, 10 casos de acoso político, registrados en municipios del área rural.
La Legisladora, por pedido de las mujeres afectadas, no reveló el lugar y mantuvo en el anonimato, ya que las denuncias estaban siendo investigadas.
“Dentro de mi trabajo, me dedico a socializar la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y Ley 243 de Acoso y Violencia Política, para que la mujer conozca sus derechos, por eso hubo concejalas de municipios rurales que se acercaron a denunciar el acoso que sufren de parte de sus alcaldes, que son machistas; y que hacen a un lado a legisladoras, que quieren sobre sobresalir en la política”, reflexionó.
HISTORIA
Los avances normativos más significativos comienzan a finales del siglo XX, en el año 1997 entra en vigencia la Ley de Cuotas, en la cual se establece que las mujeres deben tener un 30% de representantes en las listas cerradas para el parlamento. En el año 1999 con la Ley de Partidos Políticos, se dispone que la participación de las mujeres para todos los comicios electorales debe ser de un mínimo del 30%. Durante el año 2004 se establece en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, la representación mínima, de un 30 % sube a al 50%; finalmente el 50% de la inclusión de las mujeres en las listas de candidaturas queda totalmente respaldada con la Nueva Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, en las cuales se establecen los principios de paridad y alternancia de género, en la conformación de las listas de candidatas a diputación y senadurías.
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