La directora del Cecasem, Patricia Bustamante, manifestó que en Bolivia la VSC posee modalidades propias, que se manifiestan con más evidencia en grandes ciudades, aunque no están limitadas a estos espacios.
“De acuerdo con información del Movimiento Vuela Libre, una de las ciudades con mayor incidencia es El Alto, particularmente en el área circundante a la calle 12 de Octubre. En este caso existiría un grupo estimado de entre 50 a 70 niñas y adolescentes que circulan por esta zona y ‘ofertan’ sus servicios sexuales en las noches a personas adultas. Esta actividad se conoce informalmente como ‘hacer pieza’, pues se utilizan los numerosos alojamientos, presumiblemente informales, que se encuentran cerca. En el área rural pueden darse modalidades diferentes, donde las chicas en situación de VSC realizan recorridos desde el norte de la Paz hasta el norte de Potosí, visitando los ingenios mineros, entre otros lugares”, dijo.
Bustamante aseveró que los detonantes de la VSC responden a problemas estructurales en el país como la pobreza y la violencia intrafamiliar, provocando que gran parte de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) abandonen sus hogares y se ubiquen en una situación de alto riesgo para este delito.
Aclaró que los menores en situación de calle son particularmente vulnerables para caer en redes de trata y prostitución, pues se encuentran desprotegidos y se ven obligados a comerciar sexualmente con su cuerpo para poder sobrevivir, aunque también pueden realizar esta actividad sin mediación de terceros.
Por otro lado, aseguró que otro factor importante corresponde a estructuras machistas imperantes en la sociedad boliviana que concibe a las mujeres como objetos sexuales y legitima estructuras de abuso que son naturalizadas por la población masculina.
En ese marco, explicó que VSC constituye un riesgo para la NNA en Bolivia ya que no ha sido visibilizado, por lo que no existen políticas públicas destinadas a frenarlo y la existencia de estructuras de abuso están normalizadas.
Apuntó que la construcción conceptual, el termino VSC posee fundamentos importantes que denotan un trabajo de análisis y reflexión orientado a identificar adecuadamente una transgresión extrema hacia los NNA del país.
En este sentido, refirió que es fundamental diferenciar este delito de otros conceptos como explotación sexual comercial o prostitución infantil, para destacar así la anomalía del caso.
Asimismo, manifestó que la VSC es uno de los delitos tipificados en la Ley 263 como “conexo” a la trata de personas y constituye un riesgo para la población juvenil de Bolivia que no se ha visibilizado lo suficiente.
CLAUSURAS
Por otro lado, el capitán Ruddy Saavedra, intendente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), informó que en diferentes operativos que realizaron, en lo que va de la gestión, clausuraron más de 50 alojamientos, entre clandestinos y porque no respetaban las normas.
Lamentó que en muchos casos, se haya encontrado a jóvenes compartiendo bebidas alcohólicas, en altas horas de la noche sin el control de sus progenitores.
“Hemos encontrado parejas, por ejemplo, un tipo de 30 años que estaba con una niña de 13 años, eso ya es un delito y tiene cárcel. En ese caso nosotros derivamos el hecho a la Defensoría de la Niñez para que tome las medidas respectivas”, acotó.
Asimismo, aseveró que varios de los alojamientos clausurados además de no contar con la respectiva licencia, encontraron condiciones deplorables en cuanto al mantenimiento del mobiliario.
“Las sábanas sucias con muestras de heces fecales y sangre, ropa interior debajo del colchón, preservativos usados entre sábanas, hechos que también son delitos que atentan contra la salud pública”, lamentó.
NORMA
De acuerdo a la Ley 263, la violencia sexual comercial es el delito aplicable a:
“Quien pagare en dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera persona, para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales”, y será “sancionado con privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años”
En este sentido, la ley establece que la privación de libertad se agravará en dos tercios cuando:
La víctima sea un niño o niña menor de 14 años.
La víctima tenga discapacidad física o mental.
La autora o el autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la víctima.
La autora o el autor tenga una enfermedad contagiosa.
Como consecuencia del hecho, la víctima quedara embarazada.
La autora o el autor sea servidora o servidor público.
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