La directora departamental de la Red de Prevención del Infanticidio y Delitos Contra la Niñez, Carla López, señaló que la expresión de condena a tal hecho criminal tendrá el acompañamiento de instituciones y activistas, entre estas la organización de familiares de enfermos con Síndrome Down.
Según el informe policial, la agresión sexual ocurrió la pasada semana, en la zona de Yuras Yuras, en la ciudad de Sucre, cuando la menor jugaba en la calle cerca de su vivienda, situación que el agreso aprovechó para distraer a la menor y trasladarla a una casa en construcción, presuntamente abandonada, donde cometió la vejación.
López anunció que durante la movilización se exigirá a las autoridades judiciales la celeridad en el proceso que se le interpuso al agresor y que el mismo reciba la sentencia de la máxima pena, establecida por el Código del Sistema Penal, que es de 10 a 20 años de prisión.
La jornada de ayer, madres de familia y familiares de personas con Síndrome Down se movilizaron en la capital de Estado, exigiendo la pronta acción de las autoridades judiciales.
Actualmente, por disposición de la juez de Instrucción Tercero en lo Penal, Jimena Mendizábal, el presunto autor del delito guarda cárcel preventiva, hasta la instalación del juicio.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de niños con Síndrome de Down, Norma Navarro, señaló: “Vamos a seguir concentrándonos frente a la Fiscalía, para exigir justicia a las autoridades sobre este hecho lamentable que ha sucedido contra esta niña”, expresó en forma enfática.
MÁXIMA PENA
El presidente Evo Morales exigió ayer viernes que se castigue con todo el peso de la ley al sujeto. “Nuestra profunda consternación y firme condena ante el caso de una menor presuntamente violada y mutilada en Sucre. Que se investigue y castigue al agresor con todo el peso de la ley. Atentar contra una niña indefensa es un acto vil y cobarde. Apoyamos a la víctima y su familia”, expresa el Twitter de Morales.
Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Victor Borda, sugirió abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para agravar las sanciones penales contra los violadores.
“Se debe abrir la Constitución para buscar una acumulación de penas y establecer sancione más allá de los 30 años (…) deben llegar a 50 o 80 años de cárcel, en especial para los reincidentes que cometan delitos de violación, asesinato, feminicidio e infanticidio”, según declaraciones al portal Urgentebo.
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