Trinidad es el tercer municipio que decide la medida demandada por las víctimas, organizaciones y activistas por los derechos de la mujer, entre ellos, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien calificó la medida como una posición coherente con el mandato de la autoridad municipal y el cumplimiento de la Ley 348.
“La alerta permitirá destinar recursos y activará la acción común de toda la institucionalidad local para erradicar este mal que en Bolivia es estructural, transversal y creciente”, señaló Villena, complementando que la violencia no sólo tiene que ver con los feminicidios sino con las 16 formas de agresión hacia las mujeres, identificadas en la Ley 348 y que en el caso de Trinidad debería encararse una política de protección, prevención y educación desde las unidades educativas, los barrios, las oficinas y otros.
Este Gobierno Municipal es el tercero en sumarse al pedido de una declaratoria de alerta máxima nacional que la Defensoría del Pueblo junto a organizaciones sociales y familiares de las víctimas lanzó en septiembre pasado. Los primeros fueron Cercado (Cochabamba) y Potosí, a los que se sumó la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).
El Defensor expresó su confianza en que los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija y otros que registran elevado número de casos o situaciones de violencia sistemática “asuman su responsabilidad y muestren coherencia y compromiso con sus ciudadanas dándole a este tema la importancia que tiene dada la gravedad y urgencia de enfrentarla más allá de los discursos”.
APOYO DE COMISIONES
El pasado 17 de noviembre, las Comisiones de Desarrollo Humano y Políticas Sociales de las Asambleas Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia, durante la reunión de la Coordinadora Nacional del Foro Permanente de Desarrollo Humano de la que son parte, manifestaron su indignación por la creciente violencia, agresiones sexuales y otros tipos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, aprobaron exigir el inicio de un diálogo en todo el país, entre autoridades nacionales, departamentales y municipales junto a organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto que posibilite encontrar “soluciones que contribuyan a desarticular la violencia intrafamiliar, los feminicidios y violaciones”, además del “mejoramiento de leyes la creación de otras normativas desde un enfoque integral que disminuyan los factores de riesgo que generan violencia”.
El defensor Villena destacó estos pedidos que suman a la demanda planteada por la institución defensorial meses atrás para que se declare una alerta máxima nacional que posibilite iniciar e implementar acciones integrales que revierta los altos índices de creciente violencia en el país.
Villena convocó a las instituciones nacionales e internacionales que trabajan en la temática, busque mecanismos para articular las iniciativas y coordinar el trabajo de modo que se pueda emprender las acciones y las campañas en todos los ámbitos y espacios, incluso en las áreas rurales, donde la incidencia de este mal también alcanza niveles críticos.
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