La directora ejecutiva de Acobol, María Eugenia Rojas; la ministra de Culturas, Elizabeth Salguero, y Mónica Novillo, responsable de Incidencia Nacional, de la Coordinadora de la Mujer, señalaron, por separado, que pese a la cantidad de casos de violencia política que se dieron en el país las mujeres poco a poco se van empoderando y asumiendo cada vez más roles de importancia dentro de la estructura política del país.
Sin embargo, el acoso político sigue presente, por lo que las entrevistadas coinciden en pedir que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la Ley contra el Acoso y Violencia Política, para que se puedan establecer sanciones a aquellos hombres y mujeres que ejercen este tipo de violencia.
“Gracias al proceso de descolonización y también de despatriarcalización que se está ejecutando en el país, las mujeres se han ido empoderando y asumiendo roles y funciones en el aparato estatal, como concejalas, asambleístas, autoridades. Hemos logrado el acceso de la mujer a cargos políticos, ahora hace falta una ley para garantizar el ejercicio de esas funciones”, señaló la Ministra Salguero, que en la anterior gestión legislativa fue una de las diputadas que impulsó y planteó el proyecto de ley contra el acoso político.
De acuerdo con el proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política en razón de Género, el acoso político es el acto u actos de presión, persecución, hostigamiento o amenaza cometidos por una persona o a través de terceros en contra de una mujer candidata, electa, o en ejercicio de la función política, o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir en contra de su voluntad una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, derechos y deberes.
Entre tanto, “la violencia política” se refiere a las acciones, conductas y/o agresiones que causen daño físico, psicológico o sexual, en contra de una mujer candidata, electa o en ejercicio de la representación política y/o de su familia, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, sus principios y de la ley, cometida por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros.
Según los datos de Acobol, en el quinquenio 1999–2004 se registraron 229 sucesos de acoso y violencia política contra las mujeres.
En un periodo similar de cinco años (2005 a 2010) los casos denunciados subieron a 343.
Esas dos cifras (229 más 343) suman el total de los 572 casos de acoso y violencia política contra las mujeres.
“Históricamente las mujeres hemos participado de todos los hechos políticos más importantes del país, pero así también hemos sido víctimas del acoso político, porque hay esferas, incluso integradas por las mismas mujeres, que no aceptan que una fémina asuma un rol decisorio o juegue un papel político, por eso es tan importante que se apruebe esta ley, ya que con ello por fin se podrá castigar a quienes realizan actos tan cobardes como coaccionar a una mujer para que abandone un cargo, sólo por su condición de género”, agregó Rojas.
CALLADAS NUNCA MÁS
Por su parte, Katia Uriona, secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, señaló que durante los últimos años se ha dado un fenómeno: así como las mujeres van accediendo a más esferas del poder, también son víctimas de acoso político.
“Consideramos que el aumento de casos denunciados no significa solo que aumentó la violencia política en el país, sino que las mujeres ya no se quedan calladas y denuncian esos abusos para hacer respetar su derecho a ejercer cargos y roles frente a actitudes de algunos hombres que se sienten amenazados frente a una mujer”, señaló.
Uriona mencionó que quienes recurren al acoso político suelen utilizar métodos como las amenazas anónimas, hacia la integridad de ellas y de sus familias, e incluso se llegan a extremos donde se cometieron vejaciones sexuales en contra de mujeres. “Nosotras cumplimos varios roles y tenemos varias responsabilidades dentro de la sociedad, y una de las más importantes es ser el núcleo familiar, porque estamos a cargo de la crianza de los hijos. Hay gente tan cobarde que recurre a amenazar a los hijos para conseguir que una mujer se aparte y renuncie. Es decir, atacan al punto más débil”, criticó.
Rojas indicó además que en algunas poblaciones rurales se recurre a afectar las propiedades de las mujeres, incluso haciendo mal uso de la justicia comunitaria.
“Suceden muchas cosas, que lamentablemente quedan en cierta impunidad, pero confiamos en que con la ley esto desaparezca y las mujeres podamos ejercer cargos en libertad y sin presiones”, finalizó.
testimonios
Cargo: Concejala de Rurrenabaque
“Soy una concejala electa. El suplente es un hombre de la misma comunidad. Usó la presión social y nuestras redes compartidas para amenazarme y me presionó para que yo redactara un documento otorgándole los mismos poderes y responsabilidades que a me corresponden. El documento incluso permitía una distribución por igual de mi salario”.
Cargo: Concejala de Patacamaya
“Me encerraron en una habitación, me golpearon y luego fui amenazada con una pistola para que firmara mi renuncia”.
Nombre: Juana Quispe
Cargo: Alcaldesa electa por el municipio de Chimoré
“Fui elegida con 59 por ciento de los votos en el municipio de Chimoré, pero cuando estuve ejerciendo mi cargo, algunos hombres de mi mismo partido comenzaron a presionarme con todo tipo de amenazas, de muerte y de quemar mi casa, para que renuncie a mi cargo. Yo renuncié, pero la Corte Departamental Electoral no me aceptó. Igual nomás me siguieron presionando hasta que tuve que pedir mi licencia indefinida, porque ya no podía soportar tanta amenaza contra mi familia; ya no podía vivir en paz”.
Nombre: Martina Barra
Cargo: Concejala electa en el municipio de Irupana
“A mí me discriminó el presidente del Concejo Municipal, Javier Salgueiro, porque soy afroboliviana. No había otra razón aparente. Me hacía menos, no me dejaba hablar y menospreciaba. Luego comenzaron a llegarme amenazas contra mi familia, contra mí, con insultos que me trataban de lo peor. Un día su gente del Salgueiro no me dejó salir de mi oficina y me obligaron a firmar una hoja en blanco”.
Bolivia es pionera en la prevención del acoso y la violencia política
De acuerdo con María Eugenia Rojas, directora ejecutiva de Acobol, el tratamiento y posterior aprobación de una Ley contra el Acoso y Violencia Política es un hecho inédito en toda Latinoamérica y posiciona a Bolivia en un estrato superior en comparación con el resto de los país, ya que en la región no hay una lucha emprendida en contra de estas acciones.
“De aprobarse esta ley, esperamos que sea lo más pronto posible, nos colocaría a Bolivia en una posición de liderazgo en América Latina, pese a que en Bolivia las denuncias son frecuentes, estamos dando grandes pasos en cuanto a jurisprudencia y sentando las bases para eliminar este mal de nuestra sociedad”, dijo Rojas.
Empero, la titular de Acobol hizo notar que aunque en Bolivia las mujeres superan en número a los hombres (4,7 millones contra 4,6 millones, según datos de 2005) no pueden equilibrar la relación de poder “porque a los hombres no les gusta ser fiscalizados”, afirmó.
“Por eso apelan a presionar a las mujeres con la familia, que es el punto débil de cualquier mujer, porque somos el eje de la familia y nos debemos a nuestros hijos”, comentó.
Salguero: “Mujeres se empoderaron”
La actual ministra de Culturas y ex diputada del MAS, Elizabeth Salguero, fue una de las propulsoras de la elaboración del proyecto de ley contra el Acoso Político que actualmente se encuentra en agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En criterio de la autoridad, la aprobación de la mencionada normativa se constituirá en un gran paso para luchar contra la violencia política y lograr que estos hechos sean castigados, incluso con penas privativas de libertad, teniendo en cuenta que, a través de móviles políticos se atenta contra la integridad y la vida de las mujeres.
“Las mujeres se han empoderado, si antes veíamos una minoría de mujeres en cargos de concejalas, autoridades, o parlamentarias, hoy el número se ha duplicado y ése es un gran triunfo, aunque ellas aún tienen que luchar contra la incomprensión y el machismo. Por ello hay que garantizar el ejercicio de las mujeres con la ley, porque de nada sirve que sean electas si al poco tiempo las van a presionar para que renuncien”, afirmó la autoridad.
Salguero resaltó el proceso de descolonización que impulsa el Gobierno y la despatriarcalización, gracias a lo cual se están abriendo más espacios para las mujeres.
Fragmentos del proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política
Artículo 1 (Objeto): El objeto de la presente ley, es proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres candidatas, electas y en ejercicio de sus funciones, así como otorgar seguridad jurídica y establecer las sanciones que correspondan a las conductas individuales o colectivas de acoso y violencia política en razón de género.
Artículo 2 (Alcance): Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las candidatas, elegidas y en funciones como autoridades electas por mandato popular y democrático en los niveles de representación nacional, departamental y municipal, a quienes se les impida o restrinja el ejercicio de sus derechos políticos.
Artículo 6 (Actos de acoso y violencia política): Son actos de acoso y violencia política en razón de género aquellos que realicen las autoridades electas, dirigentes, representantes y/o delegados de partidos políticos y/o agrupaciones ciudadanas que:
A) Restrinjan o impidan el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres en su condición de candidatas, autoridades electas y en ejercicio de sus funciones para los cargos públicos de presidenta, vicepresidenta, asambleísta, senadora, diputada, alcaldesa, concejala, agente municipal, prefecta y otros que provengan del voto popular.
B) Restrinjan o impidan a una mujer el cumplimiento efectivo de las funciones y atribuciones establecidas para el cargo público para el que fue elegida, ya sea como titular o suplente, evitando o limitando el uso de los recursos que le franquea la CPE y las leyes del país.
C) eviten por cualquier medio, la asistencia a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones a las mujeres electas.
En los casos en que los actos de acoso y violencia política se constituyan en delitos serán remitidos a la vía penal, agravándose en un tercio la pena correspondiente al delito cometido si lo cometiese una autoridad pública.
La sanción se agrava si la víctima está embarazada o es mayor de 70 años.
La Paz es el centro de las denuncias
De acuerdo con los datos proporcionados por la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), el departamento de La Paz registró la mayor cantidad de denuncias por casos de acoso y violencia política durante el periodo 1999-2009, con un 62,42%.
Muy atrás se encuentra Cochabamba, con 9,69%; le sigue Potosí, con 8,48 por ciento. En contraposición, Pando no tiene casos denunciados, pero esto no significa que en ese departamento no se hayan producido casos de violencia política, afirmó María Eugenia Rojas, de Acobol.
Ante esta realidad, esa entidad trabaja en las denuncias registradas y en la sensibilización entre las mujeres concejalas para que puedan denunciar estos hechos en caso de ser víctimas.
Oposición: “Vamos a poner en agenda esta ley para evitar la violencia”
Arminda Morales, diputada del partido opositor PPB y presidenta del Comité de Género de la Asamblea Legislativa Plurinancional afirmó que en el desarrollo de sus labores constató que las mujeres son víctimas de varios tipos de violencia, y entre ellas catalogó a la violencia política como la más cobarde y recriminable.
“Hay violencia intrafamiliar, en el trabajo, en el entorno y encima, cuando una mujer se atreve a ser líder, a surgir y ocupar cargos de importancia, hay gente tan machista que por el solo hecho de que es mujer le impiden y hacen de todo para evitarlo. He visto esta realidad y creo que hay que trabajar mucho para garantizar un adecuado desarrollo integral para la mujer, ofrecerle oportunidades igual que al hombre”, afirmó.
Morales señaló que no se puede permitir que una mujer sea presionada con el bienestar de su familia para que renuncie a un cargo. “Antes no se escuchaba estas prácticas, no quisiera apuntar a este gobierno o a que recién algunas mujeres se animan a denunciar, pero lo cierto es que hay que trabajar, y nuestra labor como legisladores es aprobar leyes para que se castigue a quienes realizan este tipo de practicas”, afirmó.
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