El Observatorio de Violencia contra la Mujer exige que se haga justicia para la niña Camila, muerta en abril de 2009, a cuyo presunto asesino y violador Víctor Hugo R. Z. el juez Constancio Alcón le concedió libertad el pasado martes.
En otro caso se da cuenta de que 11 años después del secuestro y probable asesinato de Lourdes Yana, el hecho no ha sido esclarecido. El Observatorio denuncia que 60 audiencias del proceso fueron suspendidas, la última de las cuales debió cumplirse el viernes 18, pero no se llevó a cabo por la ausencia del juez técnico.
En 1999 se produjo la violación y horrendo asesinato de la niña Patricia Flores. Desde entonces, el caso no ha sido resuelto y su madre continúa en la lucha para que se sentencia a los culpables del hecho.
Otro caso es el de la joven Izela, que fue asesinada en diciembre de 2009. Había indicios y pruebas de que la muerte fue provocada por su enamorado, pero la Fiscalía no llevó adelante una investigación exitosa y el presunto responsable fue sobreseído, según el Observatorio.
También Carla Osuna fue víctima, en noviembre de 2010, de una brutal golpiza propinada por su esposo. Actualmente la víctima se encuentra en proceso de recuperación psicológica y física, pues está incapacitada después de haber reaccionado de un estado de coma.
El agresor, dice la denuncia, pretende recuperar su libertad bajo un recurso de actividad procesal defectuosa.
Para destacar
El CIDEM exige que se aplique la pena máxima, 30 años de presidio, a los asesinos de mujeres.
Esa organización realizó ayer un plantón en las puertas de la Corte de Justicia.
El reclamo buscó denunciar tráfico de influencias e impunidad en casos de agresiones a mujeres.
Según estadísticas de entidades de defensa, ocho de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica.
Un informe policial dio cuenta de 22 feminicidios en El Alto y 11 en Santa Cruz en 2010.
Quillacollo fue escenario de seis muertes violentas de mujeres el año pasado.
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