Hay más. Una joven de 18 años fue violada en Cotoca. De tres detenidos, imputarán a uno de ellos. De acuerdo al defensor del pueblo en el departamento cruceño, Hernán Cabrera, en todo 2013 y la mitad de 2014 se registraron 1.400 casos de violencia sexual contra mujeres y que hay entre cuatro y seis denuncias cada día en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Se llama Rosalí Soquinés, es asambleísta departamental suplente por el pueblo indígena yuracaré-moxeño. Denunció acoso sexual de parte del asambleísta titular. Su caso pasó a la Fiscalía y no ha tenido novedades acerca del avance de la causa. De lo que sí tuvo noticias es de una resolución de dirigentes de su pueblo que la destituyeron por acusar a otro asambleísta. Ella dice que esas personas no representan a su pueblo y aún así está luchando para ejercer su derecho a ser autoridad.
Son cuatro casos conocidos de violencia ejercida contra mujeres en una sola semana. Son historias con rostro y con dolor de quienes quedan pidiendo justicia. Casos que siguieron ocurriendo siete días después de que Santa Cruz se conmoviera por el crimen de una bioquímica y después de que las autoridades prometieran llamar al consejo de seguridad ciudadana y de sendos discursos que aseguraban esfuerzos para acabar con el problema.
Sin reglamentación
“Falta voluntad política”, decía el defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena, en una entrevista en Radio Fides, al señalar que la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348) no tiene reglamento ni presupuesto para ser ejecutada. El representante departamental, Hernán Cabrera, cree que más grave aún es la falta de actitud de los administradores de justicia, para quienes no es prioridad acabar con la violencia a las mujeres.
“El problema de la ley es su implementación y esto muestra la falta de compromiso (más allá de los discursos) y voluntad política de las autoridades. A la fecha no tiene reglamento ni cuenta con dos elementos fundamentales: recursos financieros suficientes para crear los juzgados necesarios y profesionales idóneos que cuenten con la capacidad y la sensibilidad requeridas para enfrentar estos hechos”, sintetiza Cecilia Chacón, activista en defensa de los derechos de las mujeres.
La abogada Flavia Marco pone énfasis en que no hay presupuesto y en que la asignación de recursos deja claro cuáles son las prioridades políticas e institucionales. A ello suma la falta de voluntad política, reflejada la falta de celeridad en la atención de los casos, el desconocimiento de la norma y la falta de coordinación entre los niveles que están llamados a atender este problema. “Mi impresión es que, salvo excepciones, las instituciones llamadas por ley a trabajar en prevención, tratamiento y sanción de las violencias contra las mujeres aún no perciben este flagelo como algo de su competencia, siempre es tema de otros”, dice. Marco Complementa con datos y afirma que es llamativo que en Santa Cruz, “a pesar de tener el mayor número de fiscales del país, tenemos el menor número de imputados por la Ley 348, según la rendición de cuentas de 2013 de la Fiscalía General del Estado, y no es que tengamos menos proporción de casos de violencia contra las mujeres que en otros departamentos”.
Solo reacciones
La Ley Integral durmió en la Asamblea Legislativa durante dos años, antes de que la periodista Hanaly Huaycho fuera asesinada por su pareja. Eso fue en marzo del año pasado. 17 meses después, la norma está sin reglamentación. La diputada Betty Tejada atribuyó la demora a la dificultad de coordinar las acciones a los diferentes niveles del Estado: Gobierno, gobernaciones y municipios. La ministra y la viceministra de Justicia no atendieron el requerimiento de EL DEBER “porque estaban en reuniones”, según sus asistentes.
El lunes 18 de agosto, una concentración en la plaza 24 de Septiembre clamó más seguridad y acciones concretas para acabar con la violencia hacia las mujeres. La conmoción social se debía al feminicidio de una joven bioquímica. El sereno de un parqueo público la mató, la violó, robó su vehículo y paseó con su cuerpo durante varias horas antes de ser detenido al día siguiente.
Como reacción, la Gobernación de Santa Cruz dijo que convocaría al consejo departamental de seguridad ciudadana. Trece días después, no se ha cumplido con la reunión prometida. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno departamental, Enrique Bruno, explicó que primero han llamado a las instituciones de la sociedad civil para conocer qué acciones están desarrollando y qué sugerencias tienen. Para ello se dieron plazo de una semana y media, después de la cual aseguró que llamarán al consejo departamental de seguridad ciudadana. ¿Hay fecha? Fue la pregunta y la respuesta fue negativa.
¿Qué hacer?
Cecilia Chacón cree que es fundamental que de la indignación pasajera pasemos a la acción. “En el plano social, debemos informarnos, articularnos y movilizarnos para ejercer presión constante sobre las autoridades, exigir presupuestos, personal calificado en los servicios legales integrales municipales, en los juzgados, en la fiscalía, etc. Y hacer seguimiento a los casos que se presentan para evitar que queden en la impunidad.
Sin embargo, el tema va más allá de una demanda a las autoridades, porque también involucra a cada persona. El sociólogo Rodrigo Barahona opina que la violencia se replica porque los niños se crían en medio de ella y que en los hogares se asume que los hombres son superiores a las mujeres. La exdiputada Gabriela Montaño cree que la violencia contra la mujer se produce porque hay alguien que cree que es dueño de ella.
Por eso, Chacón opina que este no es un problema solo de mujeres, sino de toda la sociedad, y que es muy peligroso responsabilizar a las mujeres solamente de ser parte del circuito de reproducción de la violencia. “Lamentablemente por la educación que recibimos todas y todos estamos atravesados por prácticas machistas que hemos naturalizado y que reproducimos inconscientemente. Por eso creo que tanto varones como mujeres somos responsables de luchar para frenar la reproducción de estereotipos y somos responsables de denunciar y de condenar estos hechos”.
Concluyó que hay que dar fin a la disculpa social al padre, al hijo, amigo o hermano que es agresor. “La censura social ha demostrado ser más efectiva que la ley en el amoldamiento del pensamiento y la conducta de las personas”
ESCUELAS SIN VIOLENCIA, LA EXPERIENCIA QUE TRABAJA PARA LOGRAR UN CAMBIO DE CONDUCTA EN ALUMNOS Y MAESTROS
“El amor no se demuestra haciendo daño, sino haciendo feliz al otro”, escribe Henry, de un curso de secundaria. Él estudia en un colegio Fe y Alegría y es uno de los 5.000 alumnos de 10 colegios que son parte del programa Escuelas sin violencia” que se constituye en una esperanza de cambio de actitud frente a una realidad cargada de maltrato.
El programa es impulsado por el sistema de educación Fe y Alegría en 10 escuelas. Hay alrededor de 150 líderes que son alumnos de secundaria y ellos son los que propician que se produzca un cambio de comportamiento para que la violencia, el machismo y la discriminación desaparezcan del lenguaje. Y esas buenas intenciones se reflejan en rostros comprometidos y felices, en buen humor y en lenguaje sencillo que parte de sus propias vivencias en el aula y que después se transmiten en sus hogares.
El miércoles, cuando el programa se hizo conocer en un acto en el hotel Camino Real, los estudiantes de dos colegios presentaron tres obras de teatro. En ellas, unos 30 estudiantes reflejaban situaciones de violencia que viven en la casa y en la escuela. Lo hicieron con buen humor y, lejos de la mirada pesimista, cerraban con optimismo y con esperanza.
La directora ejecutiva del programa, Ana Cecilia Wadsworth, explica que la primera reacción de los alumnos (al empezar el proyecto) fue de curiosidad y hasta de temor, pero siempre con entusiasmo. Y en respuestas iniciales comentaron que se estaban dando cuenta de cuán patriarcales eran sus palabras y conductas. “Por ejemplo: comprendieron que decir que los hombres no lloran o que hay maricones o marimachos son palabras cargadas de prejuicios y de violencia”.
El programa, que ha logrado introducirse en la cotidianidad de los alumnos, en las clases de artes plásticas y de literatura, también permitió que haya catarsis y que los chicos se animen a hablar cuando son víctimas de violencia, para ello tienen buzones en los colegios, donde pueden denunciar que son víctimas o que son testigos de que alguien que conocen está siendo maltratado, según explica Wadsworth.
Durante un año y medio de trabajo, los estudiantes han creado guiones de obras de teatro generados a partir de sus propias vivencias. Con la ayuda de un profesor de teatro, representan a sus padres, a sus maestros y a sí mismos para expresar cómo se sienten respecto a las circunstancias que les toca vivir. También escribieron más de 1.000 cuentos, produjeron murales y participaron en marchas en los barrios para divulgar que la convivencia en paz es posible.
La tarea más difícil se presenta cuando los estudiantes salen de las aulas y retornan a sus hogares o a su entorno más próximo, donde se reproducen las conductas patriarcales. Wadsworth lo reconoce y coincide en que es una tarea de largo plazo, aunque han habido talleres en los que participaron también los padres de familia y los docentes.
Cuando en la sociedad se repite sin pensar que “las mujeres al volante son un peligro constante”, que “los hombres valientes no lloran”, que “las mujercitas deben atender a los hijos”, son inspiradoras las iniciativas que nacen en el núcleo mismo de la sociedad y que abren un camino para el cambio de actitud.
Los niños se están formando en un ambiente violento
RODRIGO BARAHONA - SOCIÓLOGO
Los últimos casos de feminicidio en el país y, sobre todo, la violencia como tal, los explico porque las personas, en el periodo de su infancia, se están forjando en un contexto de permanente violencia, lo que repercute después en su vida personal, sentimental, familiar.
Lamentablemente, hoy en día, la violencia es un fenómeno transversal respecto a todas las etapas por las que atraviesa un ser humano en su proceso de formación como individuo.
La violencia física es la más visible de todas ellas y la percepción de la ciudadanía se queda anclada en ella, pero hay otras formas de violencia que son invisibles y, por eso mismo, pueden ser más dañinas que la primera. La pobreza, el abandono, el desprecio, la indiferencia, hasta un apodo, son formas cotidianas de violencia que inciden en la persona e influyen en sus acciones.
Alimentar estas otras violencias a lo largo de los años desembocará, a posteriori, en conductas y actitudes nocivas contra el entorno inmediato. Un asesinato es un acto violento porque la persona que lo cometió tuvo también un pasado violento.
Eso por una parte. Por la otra, hay una suerte de dominación masculina respecto al trato con la mujer. El principio de alteridad se difumina y se impone el principio de superioridad masculina, que se nutre de prácticas condescendientes y legitimadoras, como añadir el apellido del esposo cuando la mujer cambia de estado civil.
Los códigos sociales y culturales de la sociedad contemporánea, en su mayoría, corresponden a los códigos masculinos
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