El primer caso de interrupción del embarazo se practicó en una niña de 12 años.
La menor de edad ya tenía dos meses y medio de embarazo. El agresor sexual fue su padrastro, a quién le decía “papá”. Actualmente, el hombre está detenido preventivamente en la cárcel de Cantumarca.
El segundo legrado legal que se practicó en Potosí fue contra una indígena de 33 años. La mujer fue vejada por el conductor de un vehículo que la transportaba a su comunidad, pero en el camino se consumó la violación, aseveró la fiscal.
La mujer indígena tenía dos meses de embarazo y por ello se solicitó la autorización judicial para interrumpir la gestación, que terminó siendo concedida.
“La mujer venía todos los días a la Fiscalía, lloraba y clamaba que no quería tener a ese bebé. Y se autorizó el aborto legal”, dijo Victoria Fuertes.
“Hemos pedido autorización judicial en primer momento y un juez nos negó rotundamente; no obstante, de haberle explicado que la víctima de violación era de 12 años”, explicó.
Sin embargo, para la autorización judicial de legrado en las dos víctimas se presentó una Sentencia Constitucional 206/2014. Una vez valorada por las autoridades judiciales recién se dio luz verde al aborto legal. Pero para ello se trabajó solicitando el aborto un buen tiempo y en contrarreloj porque día que pasaba el embarazo en las dos víctimas de violación aumentaba.
Los casos siguen y suman
La fiscal Victoria Fuertes lamentó que a la fecha las denuncias de agresión sexual contra menores continúe, pese a que las sanciones penales son duras.
Dijo que la sanción penal contra un agresión sexual oscila entre 25 a 30 años de presidio sin derecho a indulto, pero aún así continúan las denuncias de violaciones.
Los agresores generalmente son parientes de segundo, tercero y cuarto grados de consanguinidad en muchos de los casos atendidos.
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