Por otra parte, informó que sólo el 3% de las mujeres migran a El Alto para iniciar su denuncia en la justicia ordinaria.
Para la autoridad judicial, las pocas mujeres que se atreven a denunciar a sus victimadores enfrentan una mayor problemática porque deben abandonar la comunidad junto con sus familias, por no permitirles la convivencia en sus poblaciones originarias por haberse atrevido a denunciar los hechos y no resolver dichos delitos sólo con la intervención de las autoridades comunitarias.
“La problemática es multifactorial, no sólo depende del desconocimiento de la norma o los factores de dependencia que ellas pueden tener económica y emocionalmente con sus esposos o conyugues, sino que de alguna manera prefieren mantener la relación con el agresor conocido que por un nuevo agresor por conocer”, resaltó.
“No denuncian, por no quedar mal frente a la comunidad, porque tradicionalmente se establece que sus problemas deben ser resueltos mediante la intervención de los Jilakatas (autoridades comunitarias), quienes en varios de los casos no responde conforme a la norma aplicada”, añadió la autoridad.
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