“Estos 20 feminicidios reflejan la deficiencia de las normativas que deberían ser garantes de los derechos de las mujeres”, declaró la profesional.
De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, La Paz es el departamento que registra el mayor número de casos con siete feminicidios entre enero y febrero, le siguen Santa Cruz con cinco casos y Cochabamba igualmente con cinco, mientras que otros departamentos como Potosí, Chuquisaca y Beni presentan a un caso.
Por su parte, Mary Marca criticó la normativa contra la violencia hacia la mujer (Ley 348) por no ser efectiva en la práctica ya que fue aprobada, afirma, con “intereses políticos”.
Explicó que aún no existen unidades con personal que esté capacitado en el tratamiento en casos de violencia y derechos humanos.
Para Eulogia Tapia, lo que llama la atención en los diferentes procesos sobre feminicidios, que se ventilan en los estratos judiciales, es la falta de conocimiento de los operadores de justicia, a los que se suman los abogados, quienes son los que ponen obstáculos, muchas veces, para que estos procesos no avancen.
Uno de los casos que más conmocionó a la sociedad fue el feminicidio protagonizado en contra de Varinia Buitriago, presumiblemente, en manos de su pareja, una joven de su misma edad (21).
CASO JUANA QUISPE
Otro caso que preocupa al Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres es el caso referido a la muerte de la concejala Juana Quispe, fallecida el 12 de marzo de 2012, cuyos restos fueron encontrados en inmediaciones del río Orkojahuira de la ciudad de La Paz, en la oportunidad se constató que el cuerpo de la malograda mujer tenía múltiples lesiones y habría sido estrangulada.
En el pronunciamiento hecho público: repudian el accionar “negligente del Ministerio Público al retardar el debido proceso generando impunidad y parcialidad con la parte acusada, demostrando así que el Ministerio Público facilita un contexto válido para ejercer violencia contra las mujeres sin que estos hechos delictivos tengan sanción alguna”.
Por eso dan a “conocer a la opinión pública estos hechos atentatorios contra los derechos de las mujeres, para que distintas organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales y la población en general se pronuncien contra el obrar de la Fiscalía”.
Exhortan al Estado, “que a través de sus diferentes órganos garantice el cumplimiento efectivo de la Constitución Política del Estado y de las leyes vigentes. Asimismo inste a las dependencias del Ministerio Público a efectuar sus funciones con mayor responsabilidad en el marco de las leyes respetando los derechos de las mujeres”.
Finalmente, piden que el Estado, a través de la comisión que corresponda, indague al Ministerio Público “sobre sus actos, y que una vez evidenciada las irregularidades en el proceso penal y la retardación de justicia causada, se tome las acciones pertinentes de oficio en contra de la comisión de fiscales a cargo de la investigación del asesinato de Juana Quispe”.
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