“Otra vez mi esposo me pegó y en esta oportunidad hasta intentó quitarme la vida”, relata Consuelo T. quien de forma permanente viene siendo víctima de violencia por parte de su pareja, con quien tiene tres hijos. Las golpizas que viene recibiendo espera frenarlas con la declaratoria de alerta que fue emitida el lunes 5 de enero por el Defensor del Pueblo y la Brigada Parlamentaria, respaldada a nivel nacional. La declaratoria obliga a las autoridades a priorizar los casos de violencia y sancionar drásticamente a los agresores tras la denuncia.
“La primera vez me dio un empujón, la segunda me puñeteó en la cara y la tercera me pateó y puñeteó en todo el cuerpo, desde entonces y por mis hijos vengo aguantando a este hombre—relata Consuelo con tristeza--. Una vez lo denuncié pero no hicieron nada, dijo que iba a cambiar, pero sigo siendo maltratada. Ahora decidí denunciarlo otra vez, espero que se haga algo”.
Como Consuelo, las víctimas de violencia cada día son más, no porque se aumente el número de agresiones, sino, porque más mujeres se están animando a denunciar y romper el silencio que por años lo tenían guardado. La declaración de “alerta”, se debió al incremento de denuncias que según las autoridades, en el caso de Tarija, subió en un 200 por ciento con 2.227 casos en 2014.
Lucy S. es otra mujer víctima de violencia quien hace más de tres semanas fue agredida desmedidamente por su concubino. La mujer tuvo que soportar no sólo que la agreda físicamente, sino, que la desvista en presencia de sus vecinos, quienes prefirieron no hacer nada para evitarse problemas con el agresor.
Su caso, según Lucy, llegó a ser denunciado pero no fue atendido de forma inmediata. El agresor, su marido de 29 años, desmintió la denuncia, asegurando que más bien él era el agredido por su pareja, lo que derivó en su libertad.
“El policía me decía para qué voy a denunciar, después cuidado que me arrepienta, más bien arreglen y que él se comprometa a cambiar—explicó la víctima--. Luego mi marido se agarró un abogado y me amenazaron con iniciarme a mi un proceso, cuando sabe bien el barrio (no quiso mencionar), que fui la agredida y me desvistió. Me duele que nadie se haya metido ni haya querido ayudarme, es la segunda vez que me hace esto”.
La representante del Defensor del Pueblo, Gladys Sandoval, indicó que la declaratoria tiene varios alcances y uno de ellos es ayudar a todas las víctimas. Del total de casos denunciados, el 80 por ciento corresponden a la capital y el resto a las provincias.
“Debemos agradecer a la Brigada Parlamentaria que ha logrado esta declaratoria que es a nivel nacional, departamental y municipal. Lamentablemente, tenemos muchos casos denunciados y estos no solo derivan en agresiones, sino, en casos de feminicidio—dijo Sandoval--. Lo que necesitamos ahora es la creación de más juzgados y la atención temprana del caso. No es posible que solo haya una juez que incluso se enfermó de estrés por tantos casos. Además de tener un solo abogado en la Dirección de Genero Generacional para atender más de 700 denuncias”.
El senador Félix Bolívar, por su parte, aseguró que el trabajo realizado en la cámara alta, no solo implica una declaratoria, sino el compromiso de las alcaldías y gobernaciones que deben asumir inversiones a favor de las víctimas, empezando por tener profesionales en el área, albergues de acogida y ayuda permanente para éstas.
“Estamos preocupados por los datos que de forma ascendente crecieron desde el año 2009, y eso sin duda fue evaluado para asumir esta determinación—dijo Bolívar--. Esta situación la elevaremos mediante un decreto para evitar la violencia contra la mujer”.
Desde la oficina de los Derechos Humanos, aseguran que el problema no solo ocurre en el área urbana, también en la zona rural y que pocas veces se denuncia.
Se debe trabajar en
los 9 departamentos
Declaratoria
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, afirmó que el Gobierno está buscando frenar los hechos de violencia contra las mujeres en todo el país, por ello la declaratoria de “alerta máxima” debe ser un mecanismo para sancionar a los agresores.
Abandono del caso
En los casos que son denunciados al Ministerio Público, en cerca del 70 y 80 por ciento, las afectadas o víctimas abandonan la causa y declinan seguir con el proceso. Esa situación dificulta el trabajo de la Fiscalía para demostrar el delito cometido por los agresores cuando agreden a las mujeres.
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