Dice que, con esta contravención a la ley, la institución vulneró sus derechos.
"Trabajé con el ministro (de Salud, Juan Carlos Calvimontes) en la parte legal. Hace dos años me nombraron jefa de gabinete y este año –en febrero– me ascendieron a directora jurídica. Me embaracé y lo comenté con algunas personas de la oficina. Supongo que por eso el 23 de junio el nuevo jefe de gabinete, Juan Pablo Torres, y el asesor de despacho, Éver Villena, me pidieron que renuncie”, contó AG.
En ese momento, ella aclaró que no podía renunciar "porque estaba embarazada”. Como no hizo caso a la solicitud recibió el memorándum de despido MS/URRHH/AGRAD/49/2014 en el que "se le agradece por sus servicios prestados”.
Ante esa situación, el 24 de junio, AG presentó una solicitud de reconsideración de su situación pero no tuvo respuesta. Por ello un mes después decidió presentar un recurso jerárquico.
Después de presentar la demanda, recibió la respuesta a su solicitud de reconsideración. "En el documento me indican que yo era funcionaria de carrera, es decir que mi cargo era de libre nombramiento, y que debería presentar certificación médica de la Caja Nacional de Salud, pese a que antes presenté ecografías y un certificado médico del Policlínico 9 de Abril, que pertenece a la Caja”, aseguró.
De acuerdo con la Ley 2027, de Clases de Servidores Públicos, los funcionarios públicos de libre nombramiento no gozan de inamovilidad laboral. Sin embargo, existe la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 1194/2014, del 10 de junio, que "protege a los funcionarios de libre nombramiento de despidos por razón de embarazo”.
La denunciante contó que presentó un amparo constitucional, el cual correspondió por sorteo a la Sala Segunda de lo Penal. "Allí, después de cuatro audiencias suspendidas, se me denegó la tutela de mi amparo”, contó.
Actualmente, con ocho meses de gestación, AG asegura que sólo quiere que se le restituyan sus derechos. Por ello el pasado miércoles presentó una carta al defensor del Pueblo, Rolando Villena, haciéndole conocer su caso. La misiva fue derivada a la defensoría departamental, a cargo de Teófila Guarachi.
Al conocer el caso, Guarachi afirmó que lamentablemente los funcionarios de libre nombramiento no cuentan con el amparo de la ley. "Hemos tenido dos o tres denuncias similares y sin buenos resultados”, sostuvo.
Este medio buscó la contraparte en el Ministerio de Salud. Un vocero dijo que no se pronunciarán hasta que el Órgano Judicial emita una resolución.
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