Quispe, con tan sólo 29 años, es la alcaldesa más joven de los municipios del departamento de La Paz, pero no todos ven con buenos ojos su liderazgo municipal.
Cuando la Alcaldesa realizó un plan de ordenamiento territorial y contrató a una consultora y ésta encontró una cantera de piedra caliza dentro del área de la que una cooperativa se beneficiaba. Los miembros de la cooperativa vieron afectados sus intereses y empezaron a acosarla por teléfono, luego de manera personal.
Según el reporte de Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), varias personas ligadas a esta cooperativa tapiaron las puertas de la Alcaldía, pusieron candado al garaje y no la dejaron ejercer sus funciones como autoridad. "Por ser mujer, joven, de comunidad no importante; por denunciar hechos ilegales y por enfrentarse sin saberlo a intereses económicos muy grandes la acosan”, afirmó la directora ejecutiva de Acobol, Bernarda Sarué.
Hace poco, un amparo constitucional salió a favor de Quispe. Este documento indica que ella puede retomar sus funciones como alcaldesa y pide el cese el acoso político, pero éste persiste.
16 denuncias hasta medio año
Al igual que el caso de la Alcaldesa de Collana hay otros similares y con más intensidad en diferentes municipios del país. Desde abril de este año hasta ayer, Acobol registró 16 denuncias de acoso político contra mujeres que ejercen cargos políticos y públicos como concejalas y alcaldesas (ver infografía).
"En lo que va del año tenemos 16 casos reportados en el país, lo hacen porque no quieren que hablen, que fiscalicen, sólo que firmen sin cuestionar; lo que quieren los acosadores es evitar la participación activa y efectiva de la mujer en espacios políticos”, explicó la asesora legal de Acobol, Sandra Silva.
Según la jurista, muchas mujeres se ven obligadas a renunciar a sus cargos políticos por presiones de un grupo cercano a ellas. En muchos casos, incluso acompañan a estas autoridades a presentar su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero estas dimisiones no son aceptadas.
Sin embargo, detrás de estas 16 mujeres autoridades que se animaron a denunciar hay muchas otras que prefieren callar por temor a más represalias no sólo contra ellas, sino contra su familia. "El acoso no sólo es a ellas, es integral. Queman sus cosechas, golpean a los hijos y al marido”, aclaró Sarué.
La tarea de Acobol es velar que las concejalas o alcaldesas cumplan con el mandato democráticamente establecido en el tiempo determinado. Intervienen en casos de acoso político para recordarles a las autoridades que existen leyes y normas que protegen el derecho de estas autoridades mujeres.
Las denuncias llegan vía telefónica, fax o a las oficinas de Acobol en diferentes departamentos. "Basta a la impunidad, hay que cortar estos lazos de agresión del estado patriarcal; en la medida que nos callemos continuará esta violencia”, dijo la directora.
Hasta el asesinato
Decesos En marzo de 2012 la concejala de Ancoraimes Juana Quispe fue asesinada; el 21 de junio de 2016, la concejala de Viacha Herminia Mamani falleció. Las dos denunciaron acoso político.
Pruebas La mayoría de las denuncias verbales no prospera porque necesitan pruebas del acoso y estos documentos, audios, fotos o videos están en manos de los mismos agresores, que incluso intimidan a los testigos de los hechos.
Verificación Todas las denuncias son enviadas al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Autonomías y al de Justicia.
Anonimato Por protección Acobol no dio el nombre de los municipios ni de las autoridades que sufren acoso político porque los agresores toman represalias inmediatas y extremas.
Reglamento de la Ley N°243
La Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres entró en vigencia el 28 de mayo de 2012, pero hasta ahora no cuenta con una reglamentación. La Acobol elaboró el reglamento de la norma y el documento se encuentra en el Ministerio de Justicia, donde es evaluado.
"La propuesta se la ha hecho conocer a este Ministerio, esperemos que la reglamentación salga este año”, dijo la asesora legal de Acobol, Sandra Silva.
Según la directora ejecutiva de la institución, Bernarda Sarué, el reglamento viene de experiencias reales de las mujeres que son autoridades, por lo que se espera que responda a estas necesidades. La Acobol trabaja con varias instituciones para fortalecer el contenido de dicho reglamento.
Las dos representantes de esta entidad coincidieron en que en Bolivia existen varias normas que protegen a la mujer como autoridad, pero que se vulneran sus derechos porque no conocen las normas ni ellas ni sus agresores. "La mujer bien informada de sus derechos es la que va a poder hacer respetarlos y va a evitar algún tipo de acoso”, aseguró la jurista.
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