La organización Goldman, que otorga el premio ambiental más importante del mundo, reconoció la lucha que comenzó Acuña en 2011, cuando la minera peruana Buenaventura y la multinacional estadounidense Newmont le exigieron que abandonara su hogar situado cerca de un depósito de oro.
El llamado Proyecto Conga, en el departamento de Cajamarca, obligaba además al trasvaso de cuatro lagunas. Una de ellas, conocida como Laguna Azul, debía ser transformada en fosa para almacenar residuos, lo que ponía en riesgo a cinco cuencas y el humedal de Cajamarca, famoso por su biodiversidad.
Una corte provincial dictaminó posteriormente que la mujer y su familia ocupaban ilegalmente su propiedad, adquirida en 1994. Ella fue condenada además a tres años de prisión y a pagar una multa de 2.000 dólares, una cifra desorbitada para un agricultor.
Sin embargo, la sentencia no intimidó a Acuña. Con la ayuda de la ONG Grufides, apeló la decisión para demostrar ser la propietaria del terreno de la discordia, donde su familia se ganaba la vida cultivando papas y ocupándose de sus vacas y sus ovejas.
Los tribunales le dieron finalmente la razón en diciembre de 2014 y anularon su pena de prisión y el desahucio. La justicia también paralizó el Proyecto Conga.
La organización Goldman denuncia que, pese a la victoria legal, Acuña siga sufriendo el acoso de las mineras, quienes "han construido un cerco alrededor del terreno".
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