A nivel mundial Bolivia es el segundo país, luego de Ruanda, con la mayor participación y representación de mujeres en el poder político pero según Sonia Montaño, socióloga y feminista boliviana, "no basta ser la misma cantidad de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones, si las mujeres no tienen autonomía".
En varios países de América Latina, explicaron la argentina Rita Segato y la peruana Gina Vargas, hay menos mujeres en el parlamento pero son capaces de hacer alianzas transversales entre los bloques de oposición y oficialismo para luchar contra las diferentes dimensiones de la violencia mostrando que hay agendas y luchas que van más allá de una tendencia política.
"Ahora las mujeres no podemos decir que no estamos en el poder, pero si las mujeres son la mitad de los ‘levanta manos’ se deteriora nuestra lucha", advirtió Montaño. Lamentó que las mujeres en el poder "no se diferencien y actúen por consigna, y sólo abran la boca cuando se ataca a quienes son del oficialismo y guarden silencio cuando se violan los derechos humanos de quienes son de la oposición, mostrando que ni siquiera pueden ser solidarias con otras mujeres".
En criterio de las expertas, en un estado de derecho, el contexto general de falta de democracia e institucionalidad se expresa en los altos niveles de violencia y polarización que retrasan los avances en materia de derechos y dejan muchas interrogantes respecto a la capacidad de ejercicio efectivo del poder por parte de las mujeres.
Advirtieron que la violencia es multicausal y debe ser analizada a partir de varias dimensiones de la autonomía: física, económica y política. Aseguraron que en el contexto de los gobiernos populistas hubo importantes avances pero también problemas referidos a la reglamentación de las leyes aprobadas, su aplicabilidad, la falta de información estadística confiable y la débil capacidad de gestión y monitoreo, con miras a convertir dichas normas en programas sostenibles desde el punto de vista político y financiero.
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