Desde hace tres años, en Bolivia existe una Ley, la 348, que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Esta normativa, considerada “de avanzada” en el mundo establece que el Estado Plurinacional asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Sin embargo, esta misma ley reconoce que no se podrá acabar la violencia contra las mujeres si no se invierte en la reeducación integral de los agresores.
ES UNA OBLIGACIÓN El parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 348 promulgada el 9 de marzo de 2013 ordena que “los Órganos del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas, deberán crear y sostener servicios de atención y reeducación integral especializada para los agresores, así como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento”.
No solo eso. Las autoridades, los servidores públicos y la sociedad civil tienen la obligación de hacer cumplir esta normativa, “bajo responsabilidad penal, civil y administrativa”. ¿Qué han hecho hasta ahora las autoridades para garantizar los servicios de atención y reeducación integral especializada para los agresores?
En la anterior gestión municipal de Cochabamba hubo un esfuerzo importante por brindar atención psicológica, talleres de terapia para agresores y sus familias, además de reuniones de prevención de la violencia en el enamoramiento, en todas las comunas de la ciudad. Y hubo casos de verdaderos cambios de conducta en agresores que reconocían que necesitaban ayuda. Lamentablemente, este esfuerzo duró poco porque los profesionales de los equipos multidisciplinarios eran contratados de forma eventual y por períodos muy cortos. Sus contratos se vencían y la burocracia típica de las gestiones públicas demoraba demasiado las recontrataciones, por lo que el proyecto no pudo ser sostenido. En esta gestión, se busca superar las falencias pasadas, porque se reconoce la urgencia de ofrecer terapia a los detenidos.
“Muchos de los agresores enfrentan procesos por violencia intrafamiliar y reconocen que necesitan ayuda para cambiar sus conductas. Esto es positivo. Y hay que trabajar con ellos para evitar que la violencia se siga reproduciendo”, admite Andrea García. Estos grupos de autoayuda estarán conformados por profesionales, psicólogos clínicos con especialidad en violencia que serán contratados por año fiscal, no por períodos cortos. “Los SLIM tienen un presupuesto aprobado para la atención, prevención y autoayuda de 13 millones de bolivianos. De ese monto, un millón 200 mil están destinados al pago de estos profesionales que atenderán los 14 puntos desconcentrados en horarios flexibles, en las noches, fines de semana, para garantizar que los beneficiarios salgan adelante”, explica García. La Alcaldía inició en marzo la etapa de contratación de estos equipos multidisciplinarios. “La idea era garantizar la atención de enero a diciembre, pero no se pudo avanzar los dos primeros meses debido a que los presupuestos no estaban cargados en el sistema Sigma. Queremos que estos proyectos sean recurrentes y la contratación está garantizada hasta febrero de 2017. Para entonces ya habremos empezado las nuevas contrataciones para garantizar que no hayan cortes que afecten a los beneficiarios”.
La Ley 348 instruye la prevención y ésta jamás es suficiente, “pero ahora debemos dar el paso para trabajar con el agresor”. Los grupos de autoayuda de hombres y mujeres son vitales. Las mujeres que salen de violencia pueden ayudar a otras. Y lo mismo pasa con los varones. Quienes logren modificar sus conductas pueden apoyar a otros.
Los SLIM y los juzgados derivarán a los varones que requieran terapias a estos grupos de autoayuda. “En este momento ningún municipio cuenta con este servicio y el reto es grande. Pero si la educación machista dio frutos, de la misma manera debemos despatriarcalizar, desestructurar lo edificado por el machismo a través de estos equipos multidisciplinarios”.
Según García, en materia de prevención de feminicidios se ha logrado avanzar detectando a tiempo los casos de alto riesgo, para evitar que las víctimas sean asesinadas.
“Fiscales, juzgados y otras instancias como los SLIM, que identifican casos de alto riesgo no están remitiendo estos casos. Diecisiete mujeres cuyas vidas corrían grave peligro, ya están en casas de acogida. Se están evitando más muertes, pero ahora debemos trabajar con los agresores también”, reconoce la directora de Género en la Llajta.
Que se apliquen sanciones alternativas
La Ley 348 no solo prevé penas de cárcel para los agresores, sino otras sanciones alternativas que hasta la fecha no se están aplicando, excepto en un caso. Un hombre que agredió a su pareja, pero no le causó lesiones graves, fue sancionado por el juez de una Estación Policial Integral (EPI) a limpiar personalmente esos ambientes una vez al mes. Además, debe recibir terapia psicológica para reeducar su conducta.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, coronel Alejandro Pozo, dijo que este tipo de medidas socioeducativas deben aplicarse con más frecuencia.
Lógicamente, los feminicidas o los que causan lesiones graves y gravísimas deben ser castigados con penas de cárcel, pero los agresores primerizos pueden recibir estos escarmientos, acompañados de terapias para garantizar un cambio de conducta en ellos. La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García, está de acuerdo con estas medidas socioeducativas. “No se trata de llenar las cárceles de agresores porque sí. Estas sanciones alternativas tienen buenos efectos. Quizás hay que experimentar cuáles son las que mejores resultados tienen en Bolivia. Estas medidas no implican una conciliación y deben ir ligadas a la terapia por el bien de las familias”. Las mujeres víctimas de violencia, en su mayoría, no buscan la cárcel para sus parejas agresoras. “Vienen y nos dicen que los asustemos un poco para que cambien, pero no quieren verlos encarcelados y muchas desisten de los procesos cuando la sanción apunta hacia lo punitivo, porque dependen emocional y económicamente de ellos”.
Estas medidas socioeducativas van desde una detención de fin de semana y multas hasta cumplir con trabajos comunitarios como limpiar instituciones o espacios públicos. Sin embargo, asevera García, es necesario acordar específicamente en qué tipo de casos se aplicarán estas sanciones, para evitar que se conviertan en una fuente de corrupción.
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