Asimismo, recordó que el reglamento de esta ley establece que los municipios deben realizar un trabajo de prevención, educación y reinserción de mujeres en situación de violencia, para que tengan independencia económica que les permita mejorar sus condiciones.
"Todos y cada uno de los gobiernos departamentales y todos y cada uno de los gobiernos municipales el año 2015 destinen entre el 25% y el 30% de sus recursos de seguridad ciudadana a poner en marcha casas de acogida, refugios temporales y servicios legales integrales", afirmó Peña a los medios estatales.
Según el reglamento, a partir del año 2016 los gobiernos autónomos municipales utilizarán el 10% del total de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de Seguridad Ciudadana, para mantenimiento y atención en los Servicios Legales Integrales Municipales para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento.
Peña indicó que la próxima semana junto a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) se organizará una cumbre nacional de autoridades municipales para explicarles sus responsabilidades sobre esta temática, las cuales además ya se encuentran debidamente reglamentadas.
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