La retardación y la impunidad se alían con la violencia contra la mujer

Es una tarde caliente. Evelín apoya los codos sobre la mesa roja y habla deprisa, como contando algo ajeno, lejano a ella. “Me quiso matar, me bota de la casa con mis hijos, me quitó todo. A mi hijo los hace trabajar, los hace lavarle los calcetines para darle algo de plata”, enumera. Evelín está calmada, pero llegó furiosa a Los deseos de la Virgen, la casa de Mujeres Creando Santa Cruz, donde todos los días aparecen cinco casos de mujeres víctimas de algún tipo de violencia.

Evelín es una mujer grande, fuerte, joven, pero cuando Marco Antonio se violenta, es poco lo que puede hacer. Él es más grande, más fuerte, más viejo y se acostumbró a pegarle. Lo conoció a los 18 años, cuando comenzó a trabajar en una empresa que fabrica plástico en el Parque Industrial. Él, 15 años mayor, la conquistó. Dos años después nació su primer hijo y después vinieron los golpes. Evelín tardó cinco años en denunciar a Marco Antonio y ahí comenzó su suplicio. “Fui a la comisaría del distrito 6, pero me mandaron a la de La Pampa de la Isla. Lo he denunciado un montón de veces, pero solo dos veces me hicieron examen forense. De tanto que lo denunciaba, el policía me preguntó: ‘¿Por qué no te salís de esa casa?’ Dónde voy a ir, sola, con mis tres hijos”, se pregunta Evelín, mientras encoge los hombros juntándolos con su torso, como tratando de desaparecer dentro de sí misma.

Pero la furia de Evelín no tiene que ver con una nueva agresión de Marco Antonio, sino con una traición de la fiscal que lleva su caso. Sin citarla, le tomó declaraciones a su agresor, pese a que antes había cancelado la audiencia en nueve oportunidades. “Ahora, ante un memorial, le hace de madre y anota todo lo que dice sin pedir ninguna prueba que respalde su declaración”, dice, enojada, Lety Tordoya, la abogada de Mujeres Creando.

La ley es una trampa

A Evelín le hicieron dos exámenes forenses porque la agresión era demasiado seria como para dejarla pasar. La primera vez, Marco Antonio la agarró del cuello y la soltó poco antes de asfixiarla. Ya tenía las piernas amoratadas por los golpes recibidos. “Mis hijos le tienen miedo. La niña, de cuatro años, cuando lo ve llegar dice: Viene Marco, escondámonos”. Los hijos de Evelín son los hijos de Marco. El menor tiene un año y fue el causante del segundo examen forense. Se lo practicaron cuando estaba con ocho meses de gestación, cuando Marco la golpeó.

Pese a las agresiones, Evelín no ha logrado sacar a Marco de la casa del barrio Toborochi, esa casa que ambos hicieron en un loteamiento, pero que Marco reclama como solo suya. Evelín y las abogadas de Mujeres Creando ya han pedido medidas de protección, pero la fiscal dice que hay que investigar antes.

Y esto no es solo un problema cruceño. En la investigación Trayectoria e Itinerarios en busca de justicia, coordinada por Manigeh Roosta, se constata que el problema es nacional. Por ejemplo: una abogada de ONG radicada en La Paz contó que la mayoría de los exámenes forenses dan impedimentos de cinco o seis días para que el delito no sea tipificado como lesiones graves. Otra abogada cuenta el caso del examen forense de una bebé de ocho meses que fue violada. El reporte médico solo era una descripción del cuerpo de la bebé (cinco dedos en cada mano, dos brazos, cabello...). Cuando la Fiscalía protestó y pidió que repitiera el procedimiento, la madre de la bebé ya había desistido.

Es tal vez por eso que la Ley 348, que debía erradicar la violencia contra la mujer, no ha solucionado nada. Hasta 2013 se habían denunciado 21.000 casos y solo 30 habían terminado en sentencia, es decir, uno de cada 700. Tordoya explica que ahora los casos son 28.000.

Una palabra basta

La conciliación, la audiencia de acercamiento, es una práctica típica del sistema judicial boliviano, pese a que ya está fuera de la ley. “Lo que pasa es que el Estado boliviano tiene a la familia como el núcleo de la sociedad y trata de evitar que se disuelva, sin importar lo que pase ahí dentro. Le llaman violencia familiar, violencia doméstica, pero eso encubre la realidad, que es violencia contra la mujer”, dice Carolina Ottonello, ‘comandanta’ de Mujeres Creando Santa Cruz.

Para Tordoya, la conciliación es un poder que se le otorga al agresor para que siga abusando. Y eso lo sabe bien Noelia, que se sentó en la mesita roja cuando Evelín se levantó. Proviene de una familia de mujeres que han tenido un solo hombre en su vida, por eso su madre le enseñó que tenía que cargar con su cruz, que soportar a su marido golpeador y ausente. El hombre, un hijo de policía, abogado con múltiples contactos, se acostumbró a pegar y a desaparecer. Cada vez que volvía, Noelia lo aceptaba, cargaba con ella su cruz. Cada reconciliación, cada promesa de no volver a golpearla más, traía consigo un nuevo hijo. Noelia dio a luz cuatro veces antes de divorciarse, pero eso no evitó que le siga pegando. “Donde me veía me obligaba a subir al auto y me golpeaba. Yo llamaba a la Policía y golpeaba a los policías también. Una vez, en la Felcc, el policía estaba dando a mi favor, pero él le mintió que yo era prostituta y todo cambió. ¿Cómo iba a ser prostituta si trabajaba todo el día en la Alcaldía?”.

Noelia se tuvo que ir del país, se fue a trabajar a España y el hijo de policía, golpeador de mujeres, nunca pagó la pensión fijada por el juez. Hoy se niega a pagar los Bs 360.000 que debe. Pero encontró un juez que torció la ley, que no lo envió directo a Palmasola, como dice la norma, y le dio seis días para probar que pagó algo, pese a que en la audiencia escupió al abogado que defiende a su exmujer. Los seis días se convirtieron en 11 meses y el hombre sigue libre, sin pagar y amenazando a Noelia. Y es que aquí, la justicia es macho