En Bolivia se han registrado 344 feminicidios en los últimos tres años, desde la promulgación de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia del 9 de marzo de 2013, hasta el 5 de marzo de 2016, según el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo.
28 ESTE AÑO Esta misma fuente informó que en 2016, hasta el 5 de marzo, se habían registrado 20 feminicidios en el país. Sin embargo, luego de esa fecha, otras dos mujeres fueron asesinadas en Chuquisaca; dos en Santa Cruz; tres en Cochabamba y una, en La Paz, que suman un total de 28.
La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, escribía en una de sus columnas: “Llevo más de 40 años de trabajo en la lucha contra la violencia y es en los últimos 10 años que veo barbaridades cometidas contra las mujeres que no había visto en los 30 años anteriores”.
Algunos vinculan esta explosión de violencia a la penetración de la subcultura de la trata de seres humanos y del narcotráfico en la sociedad en general. Otros creen que tiene que ver con el mensaje negativo que la justicia ofrece con respecto a la impunidad de los feminicidas, pues el porcentaje de sentencias condenatorias es mínimo.
Sin embargo, también existen activistas y autoridades que señalan que será imposible acabar con la violencia si no se atacan las raíces de la misma, desde varios flancos.
De nada sirve llenar las cárceles de agresores, si estos no son reeducados en sus conductas a través de terapias específicas. La violencia se seguirá reproduciendo si no se trabaja en la transformación de pensamientos y de comportamientos que son fomentados por una cultura machista y patriarcal.
La activista Julieta Montaño recordó que el feminicidio es el asesinato de una mujer cometido por una persona que necesita reafirmar su poder sobre ella y que cree tener el derecho de terminar con su vida, por suponer que es de su propiedad. La sociedad boliviana es patriarcal. Asigna e impone roles a sus ciudadanos y ciudadanas por el hecho de haber nacido mujeres u hombres, alimentando frustraciones en ambos.
La inseguridad y las ansias de los agresores de ejercer poder sobre sus parejas o exparejas son fomentadas por una sociedad que alienta la idea machista de que las mujeres son buenas cuando cumplen ciertos roles y “muy malas” si los desafían. Ese ejercicio de poder abusivo se traduce en actos de violencia psicológica, física, sexual y económica hasta llegar a la muerte. En tres años de vigencia de la Ley 348, hay esfuerzos por asistir y atender a las víctimas, pero casi nada se ha hecho por invertir recursos en el rescate y la reeducación integral de los agresores.
SOBRE ELLOS Los datos son importantes. Por ejemplo, en Cochabamba se han registrado siete feminicidios entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016.
En cinco de los siete casos, los feminicidas no habían bebido ni una gota de alcohol, estaban sobrios. Este dato permite reafirmar que el alcohol es un detonante de la violencia, pero no es la causa.
El 71 por ciento de las víctimas de feminicidio en la Llajta tenía menos de 30 años. Los presuntos feminicidas son jóvenes y adultos. El 40 por ciento tiene entre 15 y 40 años de edad.
El 86 por ciento de los feminicidios fue cometido por un familiar o alguien del entorno cercano a las víctimas. En los dos primeros casos del año, de Esther Arce Camacho (31) y Máxima Campos Morales (30), los sospechosos son los hermanos de ambas. En el caso de María Cristina Salazar (30), el presunto autor es su esposo.
Aidé Salazar Rojas (57) fue supuestamente asesinada por su yerno. América Dafné Quina Amurrio (19) fue presuntamente ahorcada por su enamorado, quien huyó a otra provincia y allí se suicidó.
Los sospechosos de violar y matar a María del Carmen Carballo Reyes (16) son su enamorado e integrantes de una pandilla que la habrían matado en medio de un rito de iniciación. La séptima víctima de la violencia en Cochabamba es una cholita de unos 40 a 45 años que fue violada y estrangulada a orillas de un río en Sacaba. Ella no ha sido identificada y tampoco su asesino.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, coronel Alejandro Pozo, fue quien conversó en primera instancia con varios de los acusados de feminicidio en los últimos dos años.
Él asegura que no son asesinos fríos. Algunos sí, son psicópatas y niegan su participación, pese a las evidencias. “Quieren imponer su coartada, pero las pruebas científicas los incriminan”. Sin embargo, la mayoría está conformada por “hombres que no tienen el control sobre sus impulsos. Sienten celos y se pierden; no planean matar con la alevosía que lo hace un asesino, pero lo hacen y claro, hay consecuencias”, sostiene.
Pozo cree que es necesario insistir en que las mujeres deben sentar denuncia ante el primer episodio de violencia. “Si lo hicieran, se las podría proteger, pero además el agresor podría ir a terapia y cambiar. Tenemos una psicóloga en la FELCV, pero no abastece”.
LAS HISTORIAS Este diario solicitó permiso a Régimen Penitenciario para visitar el penal de El Abra donde están encerrados los acusados y sentenciados por feminIcidio. A OPINIÓN le interesaba saber qué pasaba por la mente de ellos, más allá de lo que digan jueces, fiscales y policías. Se reunió a 12 de ellos, pero solo cuatro accedieron a contar sus historias en busca de que sus versiones sean escuchadas.
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