La delegación, conformada por representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil, participa en estas sesiones desde 14 al 24 de marzo de 2016 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. El tema prioritario de este año es El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible. Todo ello, junto a la coordinación de la Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y ONU Mujeres.
"El Estado Plurinacional de Bolivia, representado por su delegación, ha manifestado su voluntad política de lograr hasta el 2030 cerrar las brechas de género que existen entre hombres y mujeres en todos los ámbitos que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, detalla la experta en Planificación Estratégica de ONU Mujeres, Elizabeth Salguero.
La CSW es una comisión orgánica dependiente del Consejo Económico y Social que desempeña una labor crucial en la promoción de los derechos de la mujer documentando la realidad que viven las mujeres en todo el mundo, elaborando normas internacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento.
En la reunión previa, realizada antes del viaje, participaron la directora de Género del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Ana María Núñez, y las diputadas supraestatales Beatriz Guzmán y Mery Elina Zabala.
De la sociedad civil asistieron Tania Nava, directora de Católicas por el Derecho a Decidir; Mónica Novillo, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer; y Teresa Lanza, coordinadora regional de Red Latinoamericana Católicas por el Derecho a Decidir, según la nota de prensa de ONU Mujeres.
Las temáticas y desafíos
Los desafíos se centran en resolver cómo empoderar y visibilizar a la mujer en los 17 ODS, acordados el pasado año por los países miembros de la ONU como parte de la Agenda 2030.
El quinto objetivo se refiere a la igualdad de género. Entre las metas figuran: poner fin a toda forma de discriminación, eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y niñas, velar por la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones, garantizar el acceso universal a la salud, aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros, y el empoderamiento de las mujeres.
"En el país estamos en ese proceso porque ante el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social, presentado el año pasado, se tienen que poner metas e indicadores relacionados al alcance de estos objetivos hacia el 2030”, detalla Salguero, y añade que es necesario elaborar una agenda de acciones desde el Estado.
Concluido el CSW60 se presentarán documentos con recomendaciones, metas y un plan de trabajo que se tienen que adaptar a la realidad de cada país.
Sobre la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y niñas, Salguero sostiene que existen avances en Bolivia.
Uno de ellos es la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia. Otro es la participación política de las mujeres que alcanzó un 50% en Bolivia. Los desafíos del país radican, según argumenta, en cómo se identifican y fortalecen las instituciones relacionadas a esta temática, para que implementen las leyes y se traduzcan en políticas públicas, programas, proyectos y planes que lleguen a las mujeres y niñas de Bolivia.
Empoderamiento y Violencia
Pero, ¿cómo empoderar a las mujeres en un país en donde durante los dos primeros meses de 2016 se han reportado 20 feminicidios, según del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo?
"Hay muchos retos, debemos entender que no podemos trabajar solamente en atender los casos de violencia, sino en cómo prevenirlos (...). No hay que esperar a que las mujeres mueran para hacer justicia”, sostiene Salguero.
A su vez, enfatiza que la violencia es el mayor obstáculo que las mujeres enfrentan en Bolivia y, por tanto, una mujer que sufre violencia no se puede empoderar.
Por ello, es urgente hacer mayores esfuerzos para que a partir de los cambios estructurales, y de leyes que se han dado en el país, se acompañen con cambios culturales, de pautas y comportamientos que desestructuren el sistema patriarcal y machista en Bolivia. "Hay que cerrar la distancia entre lo que dice la ley con lo que sucede en la realidad”, apunta la experta en planificación estratégica de la ONU.
En este ámbito el rol que juega la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, entre otros, son fundamentales, explica. Pero además los operadores de justicia y de la Policía tienen que recibir una formación y sensibilización respecto a la ley con el fin de que los procesos se hagan de forma correcta.
Salguero argumenta que hay que determinar otras responsabilidades. "Los municipios mediante decreto supremo, desde el año pasado, tenían que dar el 30% del IDH para la implementación de la Ley 348, no llegan ni al 10%. Cuando esto no fue cumplido se implemento otro decreto supremo”.
A medida que las mujeres se van emancipando en diferentes aspectos de la vida y sus libertades, según dice Salguero, se da una arremetida machista con mucha más furia y violencia. Ese es otro de los desafíos para la sociedad.
Asimismo, añade que la Ley 348 debe ser aplicable a todos los ciudadanos, sean o no autoridades. "Vemos con preocupación el caso del asambleísta Marín Sandoval. La ministra de Justicia (Virginia Velasco) ha manifestado que en la Ley contra la Violencia no existe la conciliación y que el Ministerio Público debería, cuando hay pruebas contundentes, seguir la investigación de oficio”, finaliza Salguero.
Sobre el CSW60
Anual Cada año se reúnen representantes de los Estados Miembros, entidades de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social a fin de celebrar el periodo de sesiones anual de la CSW.
Conclusiones Las conclusiones constituyen el principal resultado de la comisión respecto al tema prioritario de cada año. Son producto de la negociación entre todos los Estados Miembros, breves y sucintas. Se ocupan de recomendaciones orientadas a la acción de medidas destinadas a subsanar las deficiencias y los problemas pendientes y a acelerar la aplicación que han de adoptar los gobiernos, los órganos intergubernamentales, mecanismos y entidades correspondientes.
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