En Bolivia, según datos que maneja la institución, cada año se producen 40.000 interrupciones de embarazos de los cuales, cerca de 480 terminan con la muerte de aquellas mujeres que lo practican.
Desde el punto de vista de estas organizaciones, el aborto no es un problema penal si no que corresponde al campo del derecho a la salud debido al gran número de personas que pierden la vida cada año a causa de las interrupciones realizados en condiciones inseguras.
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"Se debe acabar con la doble moral. La criminalización de esta práctica produce la muerte de mujeres, sobre todo de las que no tienen recursos económicos ya que no tienen asistencia médica segura", dijo Guadalupe Pérez, miembro del pacto por la despenalización.
Esta activista agregó que su institución no promueve el aborto como método de planificación familiar, sino que más bien lo que exigen son políticas claras de salud sexual y reproductiva que disminuyan los índices de muerte de las mujeres que toman la decisión de interrumpir el embarazo.
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