Tenemos conocimiento de que en la ciudad de Cochabamba se intenta ensayar una nueva estrategia para garantizar la impunidad de los delitos cometidos contra mujeres y niñas. Para este fin se ha iniciado un proceso penal contra una médica forense que el año 2009 certificó la violación de tres niñas que se hallaban internas en uno de los mal llamados “hogares”. A lo largo del proceso, con estudios psicológicos, testigos y el testimonio de la más pequeña de las víctimas (que fue la única a la que las autoridades pudieron proteger de la manipulación y presiones del agresor y su familia) se logró demostrar la existencia del ilícito y el tribunal condenó al violador a 15 años de cárcel, sin derecho a indulto, condena que por razones que se desconocen no está siendo cumplida.
El violador condenado y prófugo de la justicia, a través de apoderada acusa a la profesional que durante muchos años ejerció el cargo de médica forense de haber introducido en el certificado datos falsos porque, según afirman, “La violación es imposible en menores de 6 años y, de darse, la consecuencia es la muerte de la niña”. Lamentablemente esta nueva estrategia para burlar la acción de la justicia fue secundada por una funcionaria y un funcionario del Ministerio Público, quienes dieron lugar a la pretensión de burlar a la justicia ensañándose contra quien fuera su colega con el riesgo de que todos los agresores (violadores, asesinos, etcétera) busquen por esa vía la revisión de sus condenas.
Las motivaciones para este indigno proceder de secundar nuevas estrategias para que los delitos de violencia contra las mujeres queden en la impunidad no las conocemos, pero lo que queda claro es que lo que se busca es, sobre todo, que una vez invalidado el certificado de la forense (una más de las pruebas que determinaron la condena del violador), lo que se buscará es la revisión extraordinaria de la sentencia para que se le declare inocente al violador.
Ante estas nuevas estrategias para la impunidad pergeñadas por el patriarcado, se requiere que la justicia actúe con claridad y coherencia cumpliendo las leyes y tratados de protección a las víctimas de violencia machista.
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