La violencia contra la mujer no siempre recibe atención inmediata.
Administradores de justicia admiten que muchos casos de violencia de género quedan en la impunidad, debido a la mala calidad de atención de policías, jueces y fiscales y al incumplimiento del debido proceso, en instancias judiciales.
Durante el Conversatorio “Violencia contra las mujeres, desafíos pendientes”, auspiciado por la Alianza Libres Sin Violencia, evaluaron su trabajo y reconocieron que el sistema judicial no ha asumido los retos que le ha impuesto el nuevo ordenamiento jurídico, señalado principalmente en la Ley 348, de lucha contra la violencia hacia la mujer.
“¿Cuantos operadores de justicia somos especializados en derechos humanos?”, cuestionó la fiscal Frida Choque, respondiendo ella misma que “los bienes protegidos están en base a los derechos humanos y si no los conocemos ¿cómo vamos a garantizarlos?”, cuestionó.
La representante del Ministerio Público señaló que el grado de vulnerabilidad de las mujeres es tan extremo: “Nos debemos capacitar en alguna área de defensa personal; yo he capacitado a mi hija, no para atacar, sino para que nos defendamos”.
COMPROBÓ FALENCIAS
Por otro lado, el recién posesionado Dr. Iván Perales, miembro del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia, aseguró haber constatado todo lo que denunciaba, cuando era abogado querellante.
“He revisado los expedientes y he encontrado un largo listado de fallas procedimentales; las fiscales esperan que se les conmine, yo he hecho más de cinco conminatorias al fiscal departamental y al nacional, para que recuerde a las fiscales que tienen que presentar sus informes, y se trata precisamente de casos de feminicidios y violaciones”, detalló.
FISCALES INOPERANTES
Perales explicó que la conminatoria no siempre resuelve la retardación de justicia, “había sido pecado, ofensa, pedir a una fiscal que acelere la imputación; recordarle que en el caso de violación de menores la Ley 348 establece un plazo de ocho días, porque entonces responden que con el Código Penal, el plazo se amplía a 60 días… el artículo 94 de la 348 está de adorno”.
Y una de las consecuencias más graves es la impunidad. “Fiscales que dictan sobreseimiento en casos de violación, fiscales que no presentan acusación… la ley está bien, fallan los administradores de justicia –Policía, Fiscalía– porque las fiscales, a pesar de ser mujeres, son las principales agresoras de las víctimas…”, aseguró.
Todo el sistema tiene fallas complementó la fiscal Choque. “He visto a mujeres, niñas y adolescentes esperando horas por el cuaderno de investigaciones. Eso no es acceso a la justicia… debemos desechar el vuélvase mañana, la víctima no puede irse sin respuesta. Entender que esa persona no ha venido para vernos… sino en busca de justicia”, señaló Choque.
POLICÍA
La Policía también tiene lo suyo y “no siempre cumple su rol. La Policía debe recoger testimonio verbal, en un ambiente de confianza para detectar otro tipo de violencia, amenaza de muerte, por ejemplo, y asegurar medidas de protección adecuadas”, señaló.
“La violencia es un proceso integral y tiene múltiples y simultáneas manifestaciones, puesto que puede empezar con pellizcos y empujones y derivar en violencia psicológica, agresión física extrema, pero no se valoran todas las dimensiones; juzgamos los hechos como si se tratara de un simple robo, no escuchamos ni internalizamos la problemática, y el resultado puede ser la muerte de una mujer”, concluyó.
31 FEMINICIDIOS
Respecto de la incidencia en este tipo de delitos, la coronel Norma Hurtado, directora nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en un reciente informe confirmó esa tendencia, pues la falta de compresión, la postura machista y el consumo de alcohol en varios casos, derivaron en la comisión de 31 feminicidios en el primer semestre del año.
Esta cifra proviene de un total de 21.405 denuncias atendidas por la Felcv.
“Tenemos un total, a nivel nacional, de 31 casos de feminicidios atendidos, (…) estas cifras lamentables se dan en la mayoría de los casos por falta de comprensión, factor económico, consumo de bebidas y sustancias controladas”, afirmó Hurtado.
Según el reporte, la mayor cantidad de casos han sido registrados en Cochabamba, donde se tiene 10 feminicidios, mientras que son 9 los casos reportados en La Paz e igual cantidad en Santa Cruz, y los demás departamentos registraron el resto.
La autoridad también explicó que las denuncias se incrementaron, pero esto debido a que las mujeres cuentan con más información, respecto de sus derechos y las leyes que las protegen, por lo que acuden con más frecuencia ante las autoridades.
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