De mayo a la fecha, "sólo cinco mil de los cerca de 200 mil funcionarios públicos tramitaron su certificado", informó a ANF Ana María Rojas, abogada del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (SIPASSE).
El artículo 11 de la Ley 348 establece que el SIPASSE es la instancia responsable de "…emitir certificaciones sobre antecedentes de los agresores, denuncias, actuación de servidoras y servidores públicos, y sobre todo información que pueda servir para la prevención, atención, protección y sanción" de la violencia contra la mujer.
Asimismo, el artículo 13 de la norma instituye que "para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada".
Para la emisión del certificado de antecedentes de violencia "se consulta la base de datos del Registro de Antecedentes Penales (REGAP) del Órgano Judicial que reúne información relativa a sentencias ejecutoriadas, declaratoria en rebeldía y suspensión condicional del proceso, antecedentes esenciales para verificar si el funcionario público cometió en algún momento un hecho de violencia de género", explicó Rojas.
Para tramitar el certificado se debe "presentar una fotocopia del carnet de identidad y realizar dos depósitos bancarios, uno de 25 bolivianos para cubrir los costos operativos del Órgano Judicial y, el otro, de 10 bolivianos para los costos administrativos del Ministerio de Justicia".
Rojas reiteró que las personas con antecedentes penales por violencia de género, no podrán acceder a ningún cargo público.
Quienes actualmente se desempeñan en un cargo del sistema público tienen plazo hasta el 31 de octubre para presentar sus antecedentes. "Como ente rector, el Ministerio de Justicia ha fijado ese cronograma y cada institución estatale tiene la obligación de solicitar la certificación", puntualizó.
La máxima sanción en caso de cursar antecedentes penales es la destitución del cargo, "aunque hasta la fecha no se ha discutido y aprobado la normativa interna y las sanciones que se impondrán a quienes no cumplen los plazos señalados para este primer registro de antecedentes de violencia en la familia" recordó Rojas.
A partir del lanzamiento del programa de certificación, todas las instituciones públicas debieron notificar al personal su responsabilidad de tramitar su certificado de no violencia.
"Antes del 31 de octubre se emitirá una normativa interna que incluirá sanciones a quienes no hubieran tramitado su certificado, en primera instancia una llamada de atención", anunció Rojas.
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