Redacción central / Cambio
Tejada exige la intervención del Ministerio Público para que investigue las agresiones a las autoridades.
El acoso político es penado con dos a cinco años de cárcel, y la violencia política contra las mujeres con tres a ocho años.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, denunció ayer una escalada de acciones que son parte de golpes de Estado en contra de autoridades mujeres, lo que vulnera sus derechos y normas, como la propia Ley Contra el Acoso y Violencia Política.
Como evidencia de este hecho mencionó el reciente caso de la alcaldesa restituida de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz, Jenny Fernández, a quien algunos grupos de personas impiden que ejerza sus funciones, pese a que la justicia lo dictaminó así.
A esos hechos añadió registros de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol), que muestran los altos niveles de acoso y violencia hacia autoridades mujeres.
Uno de estos casos corresponde a la concejala de Camiri, Ana Lidia Urcullo, quien fue suspendida de su cargo, se le restituyó; pero ahora se le impide retornar a ejercer sus funciones.
“Estamos recogiendo cifras que son impresionantes respecto de los golpes de Estado que se estarían dando contra las mujeres en ejercicio de algún poder electo o función pública”, denunció Tejada.
La asambleísta mencionó que, en el caso del municipio de La Guardia, la Alcaldesa restituida está en etapa de gestación de seis meses, pero ello no les interesó a sus agresores en las últimas protestas.
Señaló que la mayoría de los casos corresponde a autoridades rurales que no tienen un esquema de poder más que su partido y el de su agrupación, y que por ello son rebasadas en sus derechos y son golpeadas de forma sistemática”.
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