domingo, 22 de julio de 2012

Más mujeres indias alquilan sus vientres por necesidad

Cada vez son más, vienen de entornos humildes y ofrecen su vientre por un dinero, que no ganarían en años, para dar a luz a un niño que criarán otros: son madres de alquiler en la India, meca de este tipo de fertilización asistida, donde se puede pagar más de $us 6.000 por el servicio.
Varias de estas mujeres esperan a primera hora de la mañana para someterse a un examen rutinario en una clínica de un barrio céntrico de Nueva Delhi que practica unos 50 casos de subrogación al año.
El pequeño edificio que alberga la clínica, con una bóveda central de techo alto, puertas de cristal y paredes de madera, es el fortín de un conocido doctor local que recibe a las embarazadas entre gestiones telefónicas y ataviado con una indumentaria verde.
"Trabajaba en una casa como criada y me enteré de esta posibilidad", explica a EFE Feroza.
A sus treinta años, esta mujer, que llegó hace dos a la capital india procedente de Calcuta, tiene ya tres hijos propios y ahora espera mellizos para un matrimonio indio afincado en Londres.
"Somos pobres y este no es un mal trabajo, estoy contenta. Muchas amigas mías también lo hacen", confiesa.
Feroza dice que le gustaría "poder comprar una casa" y "dar una buena educación" a sus hijos, que no "se enteran de nada", pues todavía son "pequeños".
Como ella, miles de mujeres indias buscan mejor vida ofreciendo sus servicios a alguna de las 500 clínicas del país y aceptan que se les implante un óvulo fertilizado en su útero con el objetivo de dar a luz a un niño que será criado por los interesados.
La subrogación fue legalizada en 2002 en la India y el país se ha convertido desde entonces en destino habitual de extranjeros debido a sus bajos precios, a la existencia de buenos profesionales y a que la práctica está prohibida en casi todo el mundo, incluido España.
Feroza dice que no podría "querer" a los futuros niños cuyos fetos porta en su vientre de la misma manera que a sus hijos, y su marido Mohamed prefiere que esta sea la única y última vez que ella recurra a este tipo de actividad.
"Nosotros tenemos problemas de dinero y ellos (la familia biológica) están contentos así", zanja Mohamed, cuya profesión de sastre solo reporta a la pareja 6.000 rupias al mes (108 dólares).
Si el parto sale bien, Feroza se embolsará al menos 6.300 dólares -un tercio de lo que recibe la clínica-, una cantidad que incluye una mensualidad fija durante la gestación que dobla el salario de su esposo.
La baja renta de su marido fue también determinante para que Lalita, una ama de casa de 35 años que espera un bebé para una pareja homosexual de Noruega, decidiera adentrarse en su segunda experiencia como madre de alquiler.
Anita, por su parte, está de visita en la clínica con el objetivo de conseguir que su vientre sea escogido por una tercera vez pese a que ya se aproxima a la cuarentena, una edad cada vez menos recomendable para parir.

Un comercio sin regulación
A la espera de que el Parlamento indio apruebe un proyecto de ley sobre la materia, la falta de regularización es un caldo de cultivo para que se registren también malas prácticas y se escuchen críticas de explotación en medio de la eclosión de este negocio.
El borrador contempla, por ejemplo, la obligatoriedad de un seguro médico para la madre subrogada, fija su edad máxima en 35 años y limita a cinco el número de partos posibles, incluidos los de sus propios hijos.
Así las cosas, la embajada española en Nueva Delhi "desaconseja fuertemente" acudir a la India con este propósito y advierte de que "se pueden presentar consecuencias sanitarias graves para el recién nacido" y "problemas legales para regresar a España".
Sin ir más lejos, un matrimonio de un español y una hispano-argentina se topó recientemente con un problema documental con las autoridades españolas y tuvo que recurrir a la justicia argentina para dar la nacionalidad de ese país a su hija Cayetana, nacida de un vientre de alquiler indio.
Organizaciones internacionales alertan que el comercio de vientres puede llevar a la trata y tráfico de personas, por lo que insta a las autoridades locales a adoptar medidas urgentes para fiscalizar estos servicios.


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